Editorial

Editorial: ::: TRANSFERENCIA ANÓMALA :::

La celebrada transferencia de las 308 hectáreas del proyecto especial Chinecas a favor de la Superintendencia de Bienes Nacionales a efectos de ser destinadas a uso de vivienda y de esta manera formalizar a decenas de pueblos jóvenes, no estaría totalmente encausada como se pensaba tras ser sancionada por el pleno del consejo regional de Ancash con el consenso de todos los sectores.

Esto es lo que ha informado la semana pasada el conejero regional Luis Gamarra Alor al dejar entrever que esta transferencia se caería como ocurrió en la época de la gestión de César Álvarez, cuando se sancionó esta misma transferencia sin respetar los procedimientos legales y después de cuatro años todo fue anulado y volvió a fojas cero.

El consejero regional se refería a la primera transferencia que sancionó el consejo regional cuando era dominado a su antojo por el hoy encarcelado presidente regional César Álvarez Aguilar, cuando se dispuso de los terrenos de Chinecas al caballazo y se entregó a la Municipalidad Provincial del Santa a efectos que iniciara el procedimiento de formalización de los pueblos que se habían levantado sobre ellos.

Todo eso fue producto de una componenda política, eso ya es parte de la historia de Chimbote y respondía a los intereses políticos de los gobernantes de turno, quienes hicieron oídos sordos a los clamores de quienes, aunque sea en solitario, advertíamos de la ilegalidad e inconstitucionalidad del acuerdo de consejo regional.

Ello porque, por entonces, tanto los consejeros regionales como los integrantes del concejo municipal de la comuna provincial del santa, que aceptó esa transferencia, pasaron por alto la naturaleza de los predios que fueron invadidos y que se pretendía pasen a formar parte de un proceso de formalización de pueblos jóvenes y asentamientos humanos, pues la ley de Chinecas establece que esos terrenos tienen el carácter intangible.

Como era de esperarse, después de cuatro años las instancias competentes dejaron sin efecto todos los acuerdos que sancionaron esa transferencia por colisionar con la normatividad legal vigente, razón por la cual los dirigentes, con el apoyo de las autoridades locales, debieron iniciar nuevamente gestiones para hallar una solución a este problema, pues aquellos pueblos quedaban en la condición de informales y deberían ser desalojados en caso el proyecto irrigador adoptara acciones legales.

Luego de algunos años, ya con otras autoridades tanto en el gobierno regional como en el gobierno municipal, los dirigentes anunciaron que en estrecha coordinación con el Ministerio de Vivienda y su organismo anexo, la Superintendencia de Bienes Nacionales, se había encontrado una salida legal que pasaba, como siempre, por la intervención del proyecto Chinecas y del Consejo Regional de Ancash.

En efecto, lo que había de hacerse, antes que entregar directamente las tierras a la Municipalidad Provincial del Santa, es transferirlas primero a la Superintendencia de Bienes Nacionales con la previa anuencia e iniciativa del Directorio del proyecto Chinecas, y, solo en ese momento serían trasladadas por el organismo del ejecutivo a la Comuna para que pueda formalizar a los pueblos que están asentados en ese lugar, para ello los funcionarios exigían que este procedimiento se haga de manera formal, con la existencia de informes que avalen y justifiquen estos acuerdos.

He aquí el quid del asunto, la transferencia de las 308 hectáreas, que fue la que se sancionó inicialmente antes que se sancionará un paquete de 1,040 hectáreas, se hizo de manera accidentada, con la intervevción de una comisión que encabezó el consejero Luis Gamarra Alor, quienes se tomaron su tiempo no solo para recabar la documentación sino para efectuar una inspección en el mismo lugar de los predios en razón que ya para entonces se advertía la existencia de una suerte de tráfico de terreno por parte de gente que solo había tomado muchos lotes con fines de especulación y que no tienen necesidad de vivienda, que es el principal requisito que se exige en estos casos.

Finalmente, la comisión pudo evacuar un informe y tras ser discutido, entre gallos y medianoche, salió finalmente el acuerdo del consejo regional que sancionaba esta esperada transferencia, en medio de los reclamos de otro grupo de familias que solicitaban un tratamiento similar en otras 217 hectáreas ubicadas en el mismo distrito de Nuevo Chimbote y que para entonces ya enarbolaban las banderas de la equidad.

Justamente, este clamor y las intenciones del suspendido gobernador regional Waldo Ríos de ganar espacios políticos y electoreros a través de estos beneficios populistas, se promovió un segundo acuerdo en el cual se ha sancionado una transferencia de 1040 hectáreas, en las cuales se incluye las 308 que ya habían sido legalmente transferidas y se incluyen las 217 de otros asentamientos del cono sur, 325 hectáreas en Casma, 118 hectáreas para el relleno sanitario de Chimbote y 72 para el de Nuevo Chimbote.

Pese a los cuestionamientos por la forma como se sancionó este último acuerdo, repentinamente el consejero Luis Gamarra asevera que la transferencia inicial de las 308 hectáreas ha sido viciada porque se hizo en base a un informe del Directorio de Chinecas que no ha sido firmado por el suspendido gobernador Waldo Ríos Salcedo, quien tampoco podrá hacerlo ahora en la medida que está privado de su libertad.

En consecuencia, la nueva administración regional que encabeza Enrique Vargas Barrenechea tiene la delicada responsabilidad de revisar toda esta documentación, de establecer la naturaleza legal que tienen todos ellos y de corroborar y confirmar aquellos actos en los cuales debe continuarse con su trámite.

El consejero Luis Gamarra ha advertido la falencia que presenta el acuerdo de transferencia de las 308 hectáreas y, como lo ha dicho, ella conlleva a una evidente nulidad, de allí que el gobierno regional debe subsanar estas deficiencias antes que se vicie todo este trámite y, posteriormente, al cabo de otros cuatro años no se engañe a los pobladores como se hizo en antaño. Si esto es así, estamos ante una transferencia anómala y tendrán que regularizarse las firmas y las formas, no hay otra salida.