Editorial

Editorial: ::: ODEBRECHT POR DOS :::

El último jueves se frustró en la capital de la república la audiencia de control de acusación que se aprestaba a realizar el Juzgado Penal Nacional de Investigación Preparatoria en el proceso penal seguido contra el ex residente Regional de Áncash., César Álvarez Aguilar y contra varios ex funcionarios de su descalificada gestión.

La audiencia fue postergada porque, como ya se ha hecho una mala costumbre, la requisitoria escrita del representante del Ministerio Público contenía una serie de vicios que fueron observados por los abogados y por ello la Juez se vio precisada a devolver la carpeta al Fiscal para que subsane las omisiones y se retome la diligencia.

Lo que se tiene que advertir es que si bien este caso se sustancia en la capital de la república el Fiscal que sustenta los cargos es un magistrado de Huaraz, pues la carpeta se inició y se tramitó en esa ciudad pero hace unos meses atrás, por razones de seguridad y más que nada de especialidad, por lo complicado del caso, se trasladó la competencia a un Juzgado Nacional.

Lo extraño es que no se dejó este caso en manos de un Fiscal Supraprovincial, como ocurre por ejemplo en el caso La Centralita, por ello es que en una primera y somera revisión se detectaron una serie de errores en el documento acusatorio y se ha debido postergar la diligencia con todos los perjuicios que ello genera.

Este caso está relacionado a la escandalosa obra de la carretera Chacas San Luis, ese millonario proyecto que involucró una licitación de más de 400 millones de soles y que, en su momento, generó serias controversias y enfrentamientos políticos y en cuyo desenlace se registraron el asesinato del entonces Vicepresidente regional Luis Sánchez Milla y el primer atentado en la vivienda del entonces consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, quien resultó herido de bala mientras que su hijo político fue ultimado por sicarios.

Los años han permitido establecer que estos hechos están concatenados, empero, lo que se tiene que advertir es que existen dos procesos penales que deberían estar relacionados pero que corren por cursos separados, tanto así que hay hasta medios de comunicación que han confundido este proceso que se ha frustrado el pasado jueves con aquel que está relacionado a la reveladora denuncia realizada por la televisión el domingo antepasado y que guarda relación con la coima de dos millones 600 mil dólares que habría recibido César Álvarez de la constructora Odebrecht por esta misma carretera.

Y es que resulta necesario deslindar un proceso de otro. En el caso frustrado el ultimo jueves se investiga los delitos de colusión y está relacionado con la irregular adjudicación de la obra de carretera Chacas San Luis al gigante brasileño, hechos que están sustentados en los manejos turbios detectados en el proceso de adjudicación y ejecución de los trabajos de este proyecto.

Aquí lo que se investiga es el contubernio entre el ex titular de Ancash y los ex funcionarios en la entrega de la obra, tanto así que se adelantaron nada menos que 155 millones de soles antes que se realice trabajo alguno, algo así como una suerte de financiamiento en favor de la empresa para que ejecute los trabajos, un hecho que por sí solo dice mucho de la escandalosa colusión que hubo de por medio.

Sin embargo, el caso de la coima de dos millones y medio de dólares está contenido en el caso “La Centralita” que está en poder del Fiscal Elmer Chirre y cuya fase procesal se encuentra aún en la investigación preparatoria, inclusive, el plazo de investigación concluye aun en mayo del próximo año.

Ha sido en este expediente de La Centralita en donde la Fiscalía ha conseguido cerrar una exitosa pesquisa que le ha permitido no solo hallar el hilo que ha permitido desenredar la madeja de la corrupción de esta obra Chacas San Luis, sino que le ha significado a la Fiscalía recopilar valiosas pruebas que corroboran en alto grado de corrupción que se encostró en el gobierno regional de Ancash.

En tal sentido, el Fiscal ha conseguido demostrar que esa colusión que se investigaba en Huaraz estaba sustentada en una millonaria coima que se concretó con la participación protagónica de Dirsse Valverde Varas, el otrora brazo derecho de César Álvarez, quien no solo se prestó a integrarse a las planillas de pagos de las grandes empresas brasileñas para maquillar el pago de la coima, sino que facilitó una cuenta off shore de uno de sus cómplices para poder cobrar el integro de la prebenda por esta obra.

La Fiscalía ha conseguido no solo las declaraciones de colaboradores eficaces que dan a conocer con impresionante precisión la forma como se concibió la corrupta relación del ex presidente regional con Odebrecht, sino que ha presionado al gigante brasileño ahora que está delatando a los funcionarios corruptos de varios país y ha conseguido que admitan el pago millonario de la coima, entregando los documentos de la transferencia bancaria a la cuenta off shore de Japón.

Como se advierte., aun cuando se trata de un mismo tema e involucra a una misma obra, son dos imputaciones diferentes, dos delitos autónomos e independientes que si bien pueden ser juzgados en una sola carpeta como delitos conexos, se encuentran en diferentes etapas de investigación y deben tramitarse ya de esta manera, al fin y al cabo cada uno cuenta con sus respectivas pruebas y deberán recibir una sentencia en su momento.

Pero como siempre suele ocurrir, hay cabos que han quedado sueltos en estos dos procesos, uno de ellos es el que ha hecho referencia en la última semana el procurador anticorrupción del Santa, Dr. Richard Asmat Urcia y es el relacionado a la participación de la OEI, cuyo funcionarios deberían estar siendo investigados por haberse prestado a estas adjudicaciones dudosas y deshonestas registradas en la gestión de César Álvarez.

Este debe ser un trabajo pendiente, empero, en esencia nos hallamos ante dos procesos penales que siguen su curso de manera independiente a pesar que están estrechamente vinculados, se trata de una causa de Odebrecht por dos, ambos conducirán irremediablemente a una misma senda de la condena porque los hechos están más que demostrados tal y como se han expuesto públicamente.