Editorial

EDITORIAL :: PREVISIBLE SECUELA::

Los excesos no se pueden pasar por alto, por el contrario, necesitan esclarecerse, deslindarse y, en su debida oportunidad, castigarse cuando resulte necesario, con mayor razón cuando ellos resultan de alguna componenda o de una posición de dominio.

Muchas denuncias se han formulado con este sesgo de abuso e ilegalidad por parte de quienes tienen la posibilidad de ejercer una posición de dominio sobre otros, especialmente quienes ejercen una autoridad y de quienes han sido investidos para administrar justicia y aplicar la ley, especialmente, de quienes creen tener el poder en sus manos.

Uno de estos casos de arbitrariedad lo advertimos el año pasado cuando un efectivo de la Policía Nacional fue detenido e involucrado con la organización criminal “Los Pistoleros de Casma”, una caterva delincuencial que había sido desbaratada por la Policía y la Fiscalía luego de varios meses de investigación y seguimiento y que fue intervenida de manera sorpresiva en uno de los tres megaoperativos que se realizaron el año pasado en nuestra ciudad y en la vecina provincia de Casma.

El protagonista de estos hechos fue el Sub Oficial Superior Fernando Trujillo Osorio, uno de los agentes que se convirtió en uno de los inquisidores en la lucha contra la delincuencia organizada en la vecina provincia de Casma y que formó parte del equipo que desmembró las dos organizaciones delictivas que operaban en esa localidad, los “Encapuchados de Casma” y luego los “Pistoleros de Casma”.

Por ello es que los medios de prensa se vieron ingratamente sorprendidos cuando una tarde sabatina se encontraron con el mencionado sub oficial superior enmarrocado y trasladado por otros efectivos policiales de la Carceleta Judicial acusado por la Fiscalía de Crimen Organizado de pertenecer a la misma gavilla que había ayudado a capturar.

Era algo realmente ilógico e incomprensible, empero, los hechos decían que el Fiscal de Crimen Organizado Carlos Franco Alzamora había solicitado y obtenido del juzgado anticorrupción una detención preliminar contra el mencionado oficial bajo el argumento que estaría vinculado a sus integrantes pues en el marco de las requisas realizadas en las viviendas de los intervenidos se había encontrado un voucher con un depósito de dinero a la cuenta del efectivo policial.

Aun cuando ese solo hecho resultaba insuficiente como para determinar una posible vinculación, el representante del Ministerio Público obtuvo la declaración de uno de los involucrados que señalaba al custodio como parte de la organización, sin siquiera sospechar que esa declaración era interesada y solo buscaba enlodar a uno de los agentes que había resultado clave en la investigación que los había descubierto.

Nada de ello le interesó al Fiscal, por el contrario, siguió con una pretensión de acusar al efectivo policial al extremo de llegar a solicitar una medida de prisión de 36 meses como a los demás miembros de la organización, lo cual no prosperó porque el Juez advirtió que se trataba de una pretensión arbitraria y sin fundamento alguno.

Por el contrario, en el ínterin debió intervenir la superioridad de la propia Policía en la medida que el agente había sido internado en un calabozo adjunto al que se hallaban los demás detenidos y en ese lugar era objeto de acoso y amenazas, por lo que se debió solicitar a la judicatura el aislamiento del investigador hasta que se dilucide su situación.

Y, en efecto, tras recuperar su libertad el sub oficial Trujillo Osorio advirtió que la medida del Fiscal no era más que una represalia que resultaba de su negativa a la pretensión de aquel de efectuar un seguimiento ilegal a magistrados de la ciudad sin que exista una orden judicial como corresponde al reglamento y como lo determina la ley, pues quien persigue a otros sin ese mandato judicial incurre en abuso de autoridad.

Sin embargo, a decir de la denuncia, el Fiscal Carlos Franco y su adjunto Dionisio Chinchay Valverde, habían propuesto al equipo de investigación de la Fiscalía de Crimen Organizado que a la par que hacían seguimiento a los delincuentes lo hagan con magistrados de la localidad a cambio de beneficios internos, empero, cuando Trujillo Osorio se negó fue objeto de represalias por parte del magistrado.

Por ello es que ha denunciado al Fiscal Franco Alzamora por delitos de coacción, abuso de autoridad, denuncia calumniosa, revelación indebida de identidad y falsedad ideológica.

Y es que, además de involucrarlo con la gavilla de “Los Pistoleros de Casma”, el Fiscal no había vacilado en crear pruebas y llegó a revelar el nombre de uno de los testigos en reserva en el marco de la acusación en su contra, lo que está prohibido por la ley, tanto así que el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalía de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, reconoció en nuestra ciudad que eso no era correcto y que los órganos competentes deberán encargarse de ello, aludiendo obviamente a las Fiscalías de Control Interno.

Justamente, la semana pasada se ha conocido que la Fiscalía de Control Interno del distrito fiscal del Santa ha dispuesto el inicio de una investigación contra los dos Fiscales de Crimen Organizado de Chimbote en relación a los hechos denunciados por el sub oficial Fernando Trujillo Osorio, ha dirigido un documento a los denunciados para que formulen sus descargos y luego de ello iniciará las pesquisas.

Es evidente que la oficina de Control, Interno ha advertido que existen hechos de abuso y arbitrariedad que merecen ser investigados, que deben deslindarse a efectos de establecerse si los representantes del Ministerio Público no hicieron uso de sus atribuciones para perjudicar al Sub Oficial Fernando Trujillo. Desde un primer momento dijimos en este mismo espacio que nos parecería una arbitrariedad, esperemos que la Oficina de Control realice una investigación imparcial y determine la responsabilidad de los denunciados pues nos hallamos ante una secuela previsible tras la absurdas detención del agente policial.

El sabio escritor español solía decir “El exceso es el veneno de la razón” y creemos que este proverbio le cae como anillo al dedo a la denuncia contra los Fiscales de crimen organizado de Chimbote.