Política

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TESORERO

La Directora de UGEL Santa mantiene en el cargo al tesorero de la entidad a pesar de los muchos cuestionamientos que existen sobre su función. Será problema de ella. Lo que se ha podido conocer es que este empleado deberá responder por muchas cosas, entre ellas, una que generaba desde hace meses muchas interrogantes. Nos referimos al pago del ex Director Robert Iturria Huamán, quien al haber sido observado por el Ministerio de Educación, sea justa o injustamente, no se encontraba en el nexus del pliego presupuestal, en buen romance, no aparecía en las planillas y no existía autorización para que se le pueda cancelar sus remuneraciones. Y si esto era así, en todos los sectores se preguntaban ¿Cómo esta cobrando por su trabajo? Al parecer, ese fue uno de los grandes objetivos de la comisión que intervino la UGEL Santa la semana pasada por orden de la Dirección Regional de Educación. No solo llegaron para ver el tema de los contratos CAS en el que se han hallado muchas y graves perlas de los funcionarios de la localidad, sino que en el tema de las remuneraciones del ex director aparentemente consiguieron develar el misterio. Se afirma que han hallado unas planillas manuales, las cuales solo pudieron emitirse con la participación del tesorero Robert Moreno, empero, para que puedan habilitarse existe un informe legal firmado por la asesora de la entidad Vielka Quezada Martel, en el cual se aprueba el pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre por esta modalidad. Ocurre que este año el ex director solicitó que se proceda de la misma manera para el pago de sus remuneraciones de Enero y Febrero, empero, para entonces ya había estallado la bomba desde el Ministerio de Educación que advertía que el ex funcionario se encontraba ilegalmente en el cargo, y, atendiendo a esa información la asesora legal no estaba dispuesta a quemarse con este explosivo tema y se negó a autorizar nuevos pagos por planillas manuales. Ante la insistencia del ex Director lo que hizo fue remitir todos los actuados al Ministerio de Educación para que se disponga lo que corresponde. Por ello es que hasta esta semana se vio al ex Director Iturria por los pasillos de la UGEL, estaba reclamando sus pagos pendientes pero nadie quiere tocar este asunto. ¿Cómo se resolverá? Bueno la nueva Directora María Inés Valverde tendrá que comerse esa papa caliente, por algo es la titular del pliego.

PARALIZADAS

El contralor general de la república, Nelson Schak, concluyó anteayer su periplo por Ancash con las reuniones que sostuvo con las autoridades de Huaraz y Recuay y con el Gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa, con quienes trataron temas relacionados con el control de gasto y la intervención de este organismo en las acciones emprendidas por las dependencias públicas. Cuando ofreció una conferencia final, el contralor dio una estadística bastante importante pero a la vez escalofriante. Dijo que en Ancash existen 67 obras que se encuentran abandonadas y que urge tomar alguna medida al respecto porque no se puede echar a perder las inversiones millonarias que se han realizado en esos proyectos truncados. Lamentablemente, este es el legado que nos dejaron los llamados “comandos”, en una nefasta gestión de 7 años en la cual, al advertir que se quedaban sin presupuestos, echaron mano de las argucias administrativas y contables, modificando la información del SIAF para los efectos de licitar obras a pesar que no estaban presupuestadas. Para ello tomaban presupuestos de otras obras en marcha y de esta manera se garantizaban la entrega del diezmo, todo ello a sabiendas que con esta maquinación tanto las nuevas obras como las antiguas, de las cuales tomaron el dinero, quedarían paralizadas. Esto se tiene que castigar con todo el peso de la ley.

CONTROL

El contralor Nelson Schak se encontró con el gobernador regional Juan Carlos Morillo y la prensa no vaciló en preguntarle que había hecho la Contraloría con la inconclusa obra del canal integrador Santa – San Bartolo, a lo que alto funcionario respondió: “el caso del canal San Bartolo fue auditado por la contraloría habiéndose arribado a diversas recomendaciones que han devenido ya en procesos penales para varios ex funcionarios regionales de la gestión de César Álvarez”, pero le repreguntaron si el actual gobernador Juan Carlos Morillo ha sido comprendido en las recomendaciones de su entidad, y respondió que solo recordaba que la Contraloría establece las responsabilidades de los funcionarios públicos y en todo caso los casos controversiales que surgieron con las firmas contratistas, fueron judicializados. Muy diplomático el Contralor, tenía a su costado al número uno de la región.