Editorial

Editorial: ::: EL COSTO DE LA INCAPACIDAD :::

Si es que no se emite alguna otra medida restrictiva, el día de mañana martes el ex alcalde de la vecina Provincia de Casma, Rommel Meza Cerna, debe ganar las calles y abandonar el Penal en donde se encuentra recluido al agotarse el período de prisión preventiva que lo mantenía tras las rejas por el crimen de su antecesor José Montalbán Macedo.

Así se colige de la decisión que ha adoptado la semana pasada el Juez del Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Casma al desestimar el pedido de ampliación de cuatro meses más de la prisión de Rommel Meza, atendiendo a la existencia de circunstancias dilatorias que fueron promovidas por el acusado.

Lo cierto es que el juez ha advertido que Meza Cerna ha cumplido el plazo de carcelería que señala la ley y hasta el momento no ha merecido una condena, ni este proceso penal ni en el otro caso del crimen de la abogada Milagros Aponte Roque, por lo que ha operado la figura que la ley reconoce como libertad procesal.

La pregunta que deberían hacerse todos es ¿Cómo es que en 36 meses el Ministerio Público y el propio Poder Judicial no han llegado a dictar una sentencia contra este ex alcalde a pesar de las muchas pruebas que existen en el expediente?

Esa es una buena interrogante que no solo se aplica al caso específico de Rommel Meza, sino en otros procesos en donde se vislumbra la deficiencia de un aparato procesal que ha sido engalanado con una nueva herramienta de trabajo, un nuevo código procesal penal que presuntamente aliviaría la carga procesal y los plazos de investigación, pero que a la fecha no ha cumplido su cometido, justamente, en los casos emblemáticos y los más sonados de nuestra jurisdicción.

El crimen de José Montalbán Macedo, el querido y extrañado alcalde de Casma, se produjo el 12 de diciembre del 2012, es decir, hace ya más de seis años, empero, hasta el momento la justicia no ha podido ser capaz de incriminar y dictar una condena contra los autores materiales e intelectuales.

Claro que las investigaciones de este alevoso asesinato tampoco se realizaron de manera regular, no hubo un atestado a los pocos meses de su aniquilamiento sino que éste se evacuó muchos años después, cuando la Policía y el Ministerio Público tuvieron la certeza de la intervención de Rommel Meza y el empresario Carlos León Milla, con la corroboración de otras pruebas en este y otro expediente.

Ello porque la investigación del crimen de José Montalbán estaba ligado al asesinato de la abogada Milagros Aponte Roque, registrado dos años después, el 02 de abril del 2014 y en el que han terminado siendo procesados casi los mismos acusados pues la extinta abogada habría estado involucrada con el empresario Carlos Léon Milla y conocía la conspiración que se había establecido con el entonces primer regidor Rommel Meza para eliminar al alcalde y de esa manera quedarse con las obras y los procesos de selección que se realizaban en el municipio casmeño.

Incluso, a los pocos meses de la muerte de la abogada, una televisora limeña, a través de un programa político, consiguió las reveladores imágenes que sellaron ese estrecho vínculo entre los dos crímenes, del alcalde y la abogada, cuando se puso al descubierto que Meza Cerna había acudido al calabozo en el que se encontraba uno de los sicarios que había sido capturado por la Policía. Esta visita se realizó, según esas mismas imágenes, apenas una horas después que el detenido, quien no era otro que “Cholo Nelson”, se había reunido con su abogada Milagros Aponte, quien por entonces lo persuadía para que se acoja a la colaboración eficaz y salve la grave responsabilidad que pesaba sobre sus espaldas confesando todo lo que habían hecho.

La abogada buscaba que aliviar la gravedad de la pena a la que se haría merecedor su patrocinado, empero, después de haber abandonado el calabozo, quien llega al mismo es nada menos que el alcalde Rommel Meza y es allí en donde toma conocimiento que la abogada estaba entorpeciendo sus protervos objetivos.

Tan sugerente es este pasaje que apenas se registró una horas antes del asesinato de la abogada Milagros Aponte, apenas los autores intelectuales de este asesinato tuvieron conocimiento que la abogada había decidido delatarlos, decidieron victimarla y hasta el momento esos asesinos no pagan con la cadena perpetua ese hecho.

Esta es la secuela de la desidia y parsimonia de un Ministerio Público que no es capaz de hacer efectiva las pruebas para poder tener un fallo condenatorio que impida se consume la impunidad en estos hechos. El caso de Rommel Meza está a punto de concluir en el juzgado Colegiado pero han permitido que sus abogados y el mismo acusado promuevan actuaciones dilatorias para que se configure la libertad procesal.

Empero, a decir de la resolución judicial expedida el pasado martes, el Fiscal no solo habría incurrido en esta parsimonia procesal sino que no ha precisado correctamente la ampliación del plazo de prisión al no haber demandado la adecuación del mismo, pues inicialmente se solicitó 18 meses y luego una ampliación de catorce meses, lo que quería decir que se podría haber demandado la adecuación del plazo para sumar los 4 meses que faltaban para cumplirse los 36 que señala la ley, empero, el fiscal de la causa solo pidió una ampliación de la ampliación, lo que no está permitido en la praxis jurídica y lo cual ha sido ya sancionado por la jurisprudencia.

De allí que no es difícil establecer las razones por las cuales acusados que vienen siendo juzgados por graves crímenes que conmovieron a la vecina provincia de Casma, pueden ganar las calles y seguramente ponerse a buen recaudo en la medida que son conscientes que sobre ellos pesan acusaciones que lindan con la cadena perpetua y probablemente no estarán allí cuando la justicia dicte su fallo.

Sucedió hace una semana con los conocidos como “Los Orellanitas” y ha sucedido en otros casos emblemáticos como La Centralita y otros, de allí que es imperativo que se hagan ajustes a la norma procesal, que se determinen excepciones a la regla porque no podemos seguir asistiendo a estos mismos escenarios en los cuales los principales cabecillas y acusados de crímenes y corrupción, ganen las calles solo porque la justicia no fue capaz de condenarlos en 36 largos meses. La impunidad no puede ser el costo de la incapacidad.