Editorial

Editorial: ::: UNA MEDIDA EXTREMA :::

No cabe duda alguna que la noticia que impactó la última semana fue la decisión de la juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, Gabriela Saavedra de la Cruz, quien ha dictado 12 meses de prisión preventiva al ex alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, a sus dos hermanas y un médico del entorno amical del ex burgomaestre.

Pero eso no ha sido todo, también ha dictado medidas restrictivas contra los padres del ex burgomaestre, Valentín Fernández Neyra y Nury Bazán de Fernández a quienes, debido a su avanzada edad, ha dictado mandato de arresto domiciliario por el mismo período, mientras que al empresario Luis Vásquez Wong ha dictado comparecencia con restricciones.

El pronunciamiento de la juez ampara en parte la solicitud del fiscal Laureano Añanca que inicialmente había solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos, y, lo hizo en medio de una ponencia que dejó mucho que desear, más aun cuando al frente tenía a connotados abogados que hicieron interesantes planteamientos que al final no solo no fueron tomados en cuenta sino que tampoco fueron rebatidos.

Y la primera sorpresa de la medida judicial que se ha dictado se relaciona con ese escenario de incertidumbre que se había generado en la medida que la defensa técnica de Valentín Fernández hizo un planteamiento que es clave en la praxis jurídica y es el relacionado a las nuevas pruebas o la modificación de la condición jurídica de un investigado teniendo en cuenta que se trataba de un pedido de revocatoria de la comparecencia simple por una medida de prisión.

Esto es lo que más extraña de la decisión de la Juez en la medida que en el seguimiento mediático y en la audiencia convocada para este cometido no se escuchó que existieran nuevas pruebas que ameriten una modificación del status jurídico de quienes ya habían  sido acusados por el Ministerio Público.

Y en la praxis jurídica se establece que si nada ha cambiado en el rubro probatorio no existe razón para que cambien las reglas del juego del juzgamiento, sin embargo, la Juez ha considerado que en el caso de Valentín Fernández, su entorno familiar y el médico y empresario comprendidos en este mismo proceso judicial, concurre una circunstancia de peligro de fuga y peligro de obstaculización que justifica la medida de prisión, pues se pone en evidencia que el imputado fácilmente no se someterá al proceso y obstaculizará la actividad probatoria.

Y cuál es esa o cuales son esas circunstancias perturbatorias que han llevado a la Juez a tomar una medida de “última rattio”, como se conoce en derecho procesal?. A decir de su extensa resolución “no está garantizada la presencia de los acusados ante la justicia, a pesar del impedimento de salida del país que se les dictó, pues conociendo la pretensión del Ministerio Publico y encontrándose próximo el juicio oral, podrían rehuir a la acción de la justicia y abandonar su trabajo y lugar de residencia pues tienen solvencia económica suficiente que les permita trasladarse con su familia y sostener sus gastos, ocultándose con fines de evitar ser juzgado y se emita decisión final”.

Además, la Jueza indica que en el caso de Valentín Fernández Bazán, al atribuírsele responsabilidad penal por ser el líder de una asociación ilícita – organización criminal., si la pena probable de 15 años, bajo esa circunstancia, existe alta probabilidad que no se someta fácilmente a la justicia.

Asimismo sustenta el peligro de obstaculización con el argumento que existen circunstancias que motivan el entorpecimiento u oscurecimiento de la actividad probatoria, “en el presente caso, durante la etapa investigación, según lo informado por el señor Fiscal, los acusados han procurado obstaculizar la actividad probatoria, en tanto han sido renuentes a los requerimientos cursados por el Ministerio Público y la policía nacional dentro del marco de la investigación preparatoria.

“Es más, han frustrado diligencias fiscales de verificación y constatación en diferentes oportunidades, que han conllevado inclusive a que se tenga que solicitar medidas limitativas de derechos – allanamientos con descerraje – a fin de poder realizarlas como así fue evaluado por el Juzgado cuando se emitió la resolución judicial que ampara el pedido de la Fiscalía. En suma, estando en libertad y en el estado actual del presente proceso conllevaría a un mayor esfuerzo por seguir obstaculizando, como son la declaración de los testigos y los peritos, habida cuenta que dichos testigos propuestos son o han sido en su momento parte de su entorno y como tal procurarán que no comparezcan o si lo hacen, den información falsa; bajo dicha justificación se considera que concurre este peligro” precisa la magistrada en su resolución.

De esta manera se ha determinado que el ex alcalde y sus familiares deben ir a prisión por espacio de doce meses, una medida que en la praxis jurídica se considera como la última herramienta a la cual deben apelar los jueces pues antes que nada prima la libertad.

Entonces si nos encontramos frente a un razonamiento impecable que no se sustenta en documentos sino en informes del Fiscal o sospechas respecto al posible comportamiento de los acusados, teniendo en cuenta que el Ministerio Público ha formulado contra ellos acusaciones bastante drásticas, entonces la medida cae en el campo de la subjetividad, en supuestos que nadie puede corroborar.

Ello porque el ex alcalde Valentín Fernández Bazán no ha sido juzgado recién hace uno o dos meses, lleva siendo investigado desde hace muchos años, ha sido objeto de otras acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y jamás dio muestras de rehuir a la justicia, no se fugó o pretendió ocultarse como se sospecha ahora.

Ya la justicia, a pedido siempre del Fiscal Añanca, le ha incautado su domicilio, ha hecho lo mismo a sus padres y pese a ello no se dio a la fuga, no eludió el mandato de la autoridad. Si una orden de prisión es una medidas extrema para la justicia, no se entiende como se ha aplicado con extrema drasticidad en este caso de un investigado que ha sido autoridad hasta hace solo cinco meses, que es un médico que tiene trabajo conocido y que participa habitualmente de la problemática local. Habrá que ver cuál es el efecto de esta enérgica decisión.