Aun cuando desde la jefatura de la división Policial de Chimbote ha sido evidente los esfuerzos que se han hecho para impedir que los efectivos policiales incurran en hechos delictivos que empañen la imagen de la institución, no cabe duda que a los miembros de esta venerable entidad los mensajes les entran por un oído y les salen por el otro.
Ello porque después que se han internado a más de una docena de efectivos policiales por haber sido sorprendidos en el marco de una celada cobrando coimas para torcer la ley y beneficiar a quien se ve compelido a tener que entregar dinero por ello, se siguen registrando estos manejos corruptos por parte de malos Policías.
Y es que muchos tuvimos la peregrina idea que después que varios de estos Policías habían caído “in fraganti” cobrando coima y se fueron directamente al Penal de Cambio Puente, ya no se registrarían hechos de esta misma naturaleza, pensamos que los custodios se detendrían ante la tentación de pedir coimas, empero, estuvimos equivocados de cabo a rabo.
En efecto, la semana pasada se registró un nuevo hecho de estas características delincuenciales cuando la conviviente de un individuo que se hallaba detenido en la Comisaría de Villa María, denunció ante la Fiscalía y Policía anticorrupción que dos efectivos de esta dependencia policial le estaban exigiendo el pago de 500 soles para que dejen en libertad a su pareja.
Fue entonces que se montó un operativo para sorprender al mal Policía con las manos en la masa, la mujer llevó cinco billetes de 100 soles cada uno que habían sido previamente fotocopiados y registrados en un acta con su número de serie, además que se les agregó los componentes químicos que suelen dejar huellas en quienes los han cogido de alguna manera.
Luego de la mujer acudió a la dependencia policial y entregó el dinero en el modo y forma como le había indicado su conviviente por vía telefónica, la Fiscalía y la Policía anticorrupción irrumpieron en la oficina de delitos en donde encontraron al Sub Oficial técnico Ericcson Benigno Salinas a quien le decomisaron los billetes marcados por lo que fue llevado en condición de detenido.
Sin embargo, la mujer había recibido la información que existía otro efectivo que estaba metido en esta extorsión policial en la medida que le indicaban que debería entregar el dinero a un tal “Damián” lo que fue confirmado por el detenido y posteriormente se identificó al denunciado como el Sub Oficial Superior Marcos Damián Reynosa.
Para ambos la Fiscalía anticorrupción solicitó al Poder Judicial se les dicte prisión preventiva por espacio de 9 mesesÂÂÂ atendiendo a que fueron capturados en flagrancia y porque existen los suficientes elementos de convicción que los vinculan a un hecho sumamente grave como el cohecho, tal como ha ocurrido con otros de sus colegas detenidos en las mismas circunstancias.
Sin embargo, el pasado fin de semana se ha realizado la audiencia y en esta oportunidad la justicia ha debido acatar los parámetros establecidos en un pleno Jurisdiccional sancionado hace solo un mes en la capital de la república, en donde los magistrados han coincidido en quitarle la gravedad a estas figuras delictivas y permitir que ellas se investiguen con los efectivos policiales en libertad.
Tal como se pudo escuchar y recoger en la audiencia pública el acuerdo plenario 01-2019 sancionado por los magistrados de la Corte Suprema, luego de revisar la vasta jurisprudencia que se ha generado en esta clase de delitos, ha establecido que para que se imponga una medida restrictiva de la libertad, deben concurrir requisitos concurrentes relacionados con el peligro de fuga y el arraigo del investigado.
Esto quiere decir que si la defensa de los investigados puede demostrar que respecto a su patrocinado no existe peligro de fuga ni obstaculización de la actividad probatoria, el juez no podrá disponer una prisión preventiva si es que paralelamente se demuestra que el sujeto procesal cuenta con arraigo familiar y familiar.
Esto quiere decir que un efectivo policial, por más que haya metido la mano y haya traicionado los postulados de su institución, aun cuando haya menoscabado su imagen con un acto abiertamente delincuencial, no podrá quedar sujeto a una medida de detención, por el contrario, quedará sujeto al proceso penal pero lo atenderá con una medida de comparecencia.
Por ello que, en el caso que nos ocupa, en el que se ha sorprendido a dos miembros de la Policía cobrando una coima de 500 soles a la conviviente de un detenido, no será posible detener a los involucrados, no existirá posibilidad de ello en la medida que un Policía cuenta con arraigo laboral y no implica un peligro de fuga para los magistrados.
Un postulado jalado de los cabellos porque, particularmente, no creemos que se cumpla en el caso de un efectivo policial la imposibilidad de perturbar la actividad probatoria si se tiene en cuenta que la institución tutelar forma parre del aparato judicial del país, representa la primera etapa de la investigación y en esas condiciones estaría en ventaja frente a otros sujetos procesales, sin embargo, el acuerdo plenario ha pesado para que se disponga la inmediata libertad de los policías detenidos.
Hasta hace solo unos días la intervención de un Policía en el marco de una celada, sorprendido cometiendo delito de cohecho era cárcel efectiva “ipso jure”, por lo menos la figura delictiva y la naturaleza de los hechos así lo amerita, empero, ahora ya no lo es, deja que el Policía corrupto vuelva a la calle y seguramente a la misma institución a la que le dio la espalda.
Esto nos hace recordar que hace un tiempo la agresión a un policía era cárcel segura para el agresor, incluso los propios Policías salían con sus teléfonos provocando a los ciudadanos para luego ponerse en plan de víctima y demandar la prisión de la persona. Otro acuerdo plenario estableció que ello ya no era así, se presentaron casos que sin ser tan graves dejaba a las personas tras las rejas.
Así como en esa oportunidad, nuevamente se ha dado marcha atrás en situaciones procesales que ameritan mayor energía y contundencia, hechos que devienen en una suerte de renuncia a la persecución del delito. Esperemos estar equivocados.