Hace 19 largos años, en el sector conocido como Los Alamos, en el distrito de Nuevo Chimbote, se registró un hecho espeluznante pues se hallaron los restos de una mujer que no solo había sido asesinada a pesar que se encontraba en estado de gestación, sino que los asesinos para pretender borrar las huellas quemaron su cuerpo y lo arrojaron en un descampado.
El cuerpo de Marleny Elizabeth Pérez Gonzales fue hallado totalmente incinerado ante la conmoción de sus familiares que a duras pena pudieron identificar los restos y darle, por entonces, una cristiana sepultura, demandando a las autoridades identifiquen y castiguen a los responsables con todo el peso de la ley.
Semejante muestra de brutalidad no tuvo castigo en todos estos largos años, por el contrario, en aquella ocasión se sospechó que el autor de este crimen fue el esposo de la víctima, Danilo Cruz Gonzáles, quien coincidentemente había desaparecido de Chimbote y también lo hizo su amante Zarela Flores Zelada.
Dieciséis años después, la Policía capturó a esta última, se encontraba viviendo en un poblado de Moyobamba, en la ceja de selva del país en donde, aparentemente, sospechaba que jamás la hallarían, razón por la cual fue trasladada a nuestra ciudad.
Del principal sospechoso, el esposo Danilo Cruz Gonzáles, no se sabía nada, a pesar que la mujer había reconocido que aquel quien asesinó a su esposa y que lo hizo para fugarse con ella y formar una nueva familia, como en efecto lo habían hecho sin tener escrúpulo alguno, sobre las cenizas de una víctima que no solo fue cobardemente engañada sino que la asesinaron sin piedad.
Zarela Flores fue condenada a 16 años de cárcel tras ser considerada como cómplice, sin embargo, apenas hace unas semanas la Policía volvió a dar un golpe en este caso y consiguió detener al uxoricida en la misma localidad de Moyobamba, al parecer pensó que tras la captura de Zarela Flores ya se olvidarían de él y volvió a salir de su guarida, razón por la cual fue capturado.
En ambos casos lo que ha primado para su aprehensión es el sistema de recompensas establecido por el Ministerio del Interior, personas que lo conocían y que sabían de su condición de prófugo de la justicia lo delataron y de esta manera terminó con sus días en la cárcel.
Luego de ser entregado a las autoridades judiciales y de las protestas de familiares y amigos de la víctima, quienes exigían que se le imponga cadena perpetua, la segunda Sala Penal de Apelaciones tramitó el juicio oral bajo las reglas del procedimiento de entonces, es decir, bajo el molde de una legislación que ya fue superada pero que le corresponde porque las normas y las leyes no son retroactivas.
Esto es lo que, finalmente, no permitiría que los deudos consigan las condenas que ellos y la población en general aspiraban, un máximo castigo para semejante acto de cobardía y brutalidad, para ese ensañamiento pérfido que no tiene antecedentes en los anales policiales de nuestra ciudad pero al que, infortunadamente, se le reservaban penas que son mas leves.
Esa ha sido la razón por la cual la justicia no ha podido aplicar penas más severas a este asesino, la condena final ha sido una pena de 24 años de cárcel por lo que ya se encuentra purgando esta sanción en medio del repudio de la gente.
Muchos podrán sostener que se trata de una pena muy benigna para la crueldad de la que hicieron alarde los asesinos, empero, lo que habría de recordar es que a esta pena este individuo deberá sumar los 19 años que se mantuvo en calidad de prófugo de la justicia, pues cuando alguien arrastra una orden de captura vive a acecho, solo se oculta y aun cuando se fueran a una ciudad lejana, era evidente que han debido apelar a las hurtadillas y la tensión que en cualquier momento los podrían ubicar y capturar.
Son 19 años que este sujeto vivió en esa condición y ahora la justicia le añade 24 años de encierro absoluto, que responda por su malicia por la alevosía de la que hizo alarde al asesinar de manera cruel a su esposa a sabiendas que estaba gestando un niño, un crimen que no tiene perdón y que nos ha recordado una vez más aquella frase que dice que “el crimen no paga”, que por más que se busque borrar las huellas no existe asesinato perfecto, siempre quedarán evidencias que permitan identificar y capturar al responsable y que nada de lo que se haga queda en la impunidad.
COBARDE AGRESIÓN
Los porcentajes de agresiones a las mujeres no se han detenido o disminuido en los últimos años, por el contrario, sigue en ascenso y, en estos tiempos, a pesar de las reacciones y movimientos de protesta en las calles.
Esto no quiere decir que el número de agresiones se haya incrementado, por el contrario, a decir de los investigadores, el número de agresiones a las mujeres fue siempre ese, lo que ha cambiado y ha permitido que se incrementen las estadísticas es que se acabó el miedo de las mujeres para denunciar y exigir justicia, la decisión de muchas que han dejado de lado sentimientos encontrados y falsas posturas que por años las llevaron a callar.
Uno de estos casos cobardes se ha registrado la semana pasada, cuando una mujer que había acudido a un cuestionado establecimiento en el distrito de Nuevo Chimbote fue agredida por el propietario que le arrojó un vaso de vidrio, que al romperse no solo le ocasionó una fractura en el tabique nasal sino cortes que le dejan huellas propias de una desfiguración de rostro.
Este hecho lo ha denunciado la agraviada, una mujer de 33 años que ha presentado una denuncia pero advierte, con espanto, que ella no avanza porque sabe que el autor de este cobarde hecho, Romer Augusto Varillas Gallardo, suele tener muchas amistades en la Policía, de esa manera mantiene el funcionamiento de su discutida discoteca “Las Congas” en el A.H. La Molina.
Lo que los ciudadanos de a pie nos preguntamos es ¿Cómo es posible que ante las graves lesiones que ha mostrado la agraviada el denunciado se mantenga libre? ¿Acaso el hecho que no lo hayan capturado en flagrancia justifica que se pueda arremeter contra una mujer de esa amanera? ¿Tiene que haber una muerte para que se sancione a los matones que proceden de esta manera? La Fiscalía y el Poder Judicial tienen la respuesta.