El Jurado Electoral Especial de Huaraz ha concluido con la etapa de calificación de las listas de candidatos que aspiran al congreso de la república en las elecciones extraordinarias que se desarrollarán el 26 de enero del año próximo, todo ello como secuela de la disolución del Parlamento por medida dictada por el presidente de la república Martin Vizcarra Cornejo.
Ello quiere decir que ha preconluido el periodo de la inscripción propiamente dicha, se ha cumplido con revisar, primero, los documentos de las 23 listas que se presentaron y tras subsanar las observaciones a la falta de documentación en algunas de ellas, se pasó al periodo de tachas a efectos de verificar si alguna persona o institución conoce de alguna causal de impedimento de los candidatos inscritos.
Como ya es de dominio público, en este proceso hubo cuatro listas caídas y quedaron descartadas a nivel de primera instancia, ellas son las listas de acción popular, el partido aprista y dos listas que se inscribieron bajo el patrocinio de Todos por el Perú.
Las dos primeras fueron declaradas improcedentes por no haber cumplido con los reglamentos de la democracia interna según lo ha resuelto el Jurado, aun cuando los personeros de ambas agrupaciones, dos de las más tradicionales del país, niegan esta falencia y han formulado las respectivas apelaciones a efectos que se eleven al jurado Nacional de Elecciones ante cuya máxima y definitiva instancia sustentarán las razones por las cuales deben seguir en contienda.
El caso de “Todos por el Perú” es bastante “sui generis” pues es la secuela de un abierto divisionismo que, sin temor a equivocarnos, llevará a las dos agrupaciones al destierro, por lo menos una de ellas ya quedó en el camino.
Todo esto ha sido consecuencia de la disputa interna que derivó en el desconocimiento del Presidente del partido cuyo hijo se quedó con el password “declara” que entrega el organismo electoral y que es la herramienta con la cual se registra y se tramitan todos los documentos ante la autoridad electoral.
Esto quiere decir, que el grupo que carecía de este registro informático ha sido virtualmente desembarcado y se ha desestimado el recurso de apelación que han planteado ante el JNE, por lo que ya no hay nada que hacer con ellos, sin embargo, el otro grupo estaría condenado a seguir el mismo derrotero en la medida que, a decir de los entendidos, tiene todos los documentos del proceso de selección de candidatos.
Lo cierto es que hasta el momento quedaron 19 agrupaciones en carrera, empero, definitivamente no serán todas las que lleguen el partidor electoral, existen aun mucha tela por cortar y comienzan a asomar los procedimientos de fiscalización por parte de la autoridad electoral, los cuales son capaces de hallar causales de exclusión de candidato y hasta desafectación de las listas.
Y es que en esta fase comienzan a aparecer documentos, antecedentes, vinculaciones, etc, que los candidatos han omitido declarar o que, habiéndolo hecho, se haya insertado información que no es del todo veraz lo que la ley tipifica como causal de exclusión de un candidato y hasta de una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Justamente, la semana pasada el portal del Jurado Nacional de Elecciones daba cuenta de algunos hallazgos que ha formulado en las listas de candidatos de Áncash, siendo una de ellas la lista de “Democracia Directa”, en donde han advertido inconsistencias en la información de la hoja de vida de la candidata Hada Mautino Tinoco, quien hace algunos años ha sido sentenciada por delito de terrorismo.
En realidad, en este caso se pide que aclare la inconsistencia en la hoja de vida de su candidata N° 4 Hada Mautino Tinoco, en relación a un proceso penal por delito de terrorismo que se siguió en su contra.
La candidata señaló en el documento que fue absuelta de los cargos por terrorismo, sin embargo, la fiscalizadora del JNE ha detectado que la fecha de la sentencia es de Junio del 2005 mientras que el expediente es del año 2013. Teniendo en cuenta esta incoherencia, se ha emplazado a la organización política que aclare este extremo en la medida que podrían hallarse ante una candidata con sentencia firme y con imposibilidad de postular.
Lo que ha trascendido es que la mencionada candidata ha sido procesada en los primeros años de esta década por delito de terrorismo, por asistencia y apología de los actos delictivos, incluso, se afirma que habría pertenecido al brazo político subversivo de socorro popular.
Empero, se trata de cargos que han sido absueltos por la justicia, lo que debe aclarar la candidata es que se adjunte los documentos que precisen a ciencia cierta las fechas de la condena, la coherencia entre los dos fallos y que no exista otro elemento que la involucre con la sedición.
Justamente, esta es la otra parte de la observación que ha formulado el jurado electoral en razón que existe un gran número de candidatos que ha sido pasible de una sentencia y por delito que no deja de llamar la atención como el de terrorismo, por lo que la ciudadanía, al margen de la subsanación que debe formular la agrupación política, debe estar alerta porque ya estamos cansados que a través de los procesos electorales y las limitaciones prohibitivas de las leyes, terminen a los peruanos vendiéndonos gato por liebre o mejor dicho cordero en lugar de verdaderos lobos.
Es evidente que llagamos a una de las etapas más atractivas de la fase preelectoral, es decir, aquella en donde comienzan a aflorar las verdaderas personalidades de los candidatos y en donde tenemos que ser sumamente drásticos en “separar la paja del trigo”.
Se ha dicho hasta el hartazgo que no se debe llevar a candidatos que tengan antecedentes que se encuentren con acusaciones penales que termina convirtiéndose en sentencias condenatorias posteriores, de allí que la ciudadanía debe estar vigilante, debe conciliar con el tiempo de adviento en nuestra Iglesia y estar alertas a las revisiones que realiza la autoridad electoral y los hallazgos de reveladores anticuchos que solo descalifican a quienes pretender convertirse en padres de la patria. Con esa cola nadie puede aspirar a nada, así que será prudente estar observando los cuestionamientos judiciales a los candidatos, eso es parte de la transparencia que requiere todo proceso electoral.