El Juez anticorrupción, Fernando Arequipeño Ríos concluyó la semana pasada el proceso penal que se siguió mal ex Subprefecto de la provincia del santa, Edgar Cobián Giraldo y decidió condenarlo a cuatro años de pena efectiva de cárcel, tras hallarlo responsable en el delito de Peculado en agravio del estado.
Este es el proceso que se inició al ex Subprefecto cuando se detectó la desaparición de un camión que transportó mercadería diversa, entre artefactos, ropa y menaje, que estaban destinados a ser entregados a los sectores menos favorecidos a través de una donación que estaba realizando el Gobierno.
Cobian Giraldo, cuando estuvo al frente de la Subprefectura de la provincia del santa, fue el depositario de los envíos que realizaba el gobierno, como a Subprefectos de otros puntos del país, a efectos de viabilizar las donaciones en los sectores que los necesitaban, es decir, el representante del Ejecutivo de cada jurisdicción es el que se encargaba de distribuir la ayuda.
Sin embargo, los propios organismos del Gobierno advirtieron que esa ayuda no llegó a los beneficiarios de Chimbote y ninguno de los pueblos de la provincia del santa, por ello solicitó al Ministerio Público realice un seguimiento e investigación de estos hechos.
De ello ya han transcurrido varios años, los hechos ocurrieron el año 2012 y solo dos años después se inició la pesquisa, la misma que llevó a la Fiscalía hurgar por todos aquellos que deberían haber tenido contacto con esta ayuda social y confirmó que a la sede de la Subprefectura no había llegado ningún vehículo, a pesar que en el Ejecutivo contaban con los documentos de recepción a cargo del Subprefecto y su representante de entonces.
Este ultimo era Francisco Flores Samana, un representante del nacionalismo que por entonces era el partido oficialista y cuyos dirigentes eran los que manejaban las entidades que dependían directamente del Ejecutivo, como en este caso la Subprefectura que es una dependencia que trabaja directamente con el Ministerio del Interior.
Lo cierto es que esta investigación ha caminado a paso de tortuga, se ha tomado casi cinco años, empero, cuando muchos pensábamos que había pasado al campo de la impunidad, la Fiscalía y el juzgado anticorrupción no se dieron por vencidos y siguieron convocando a testigos y protagonistas para deslindar los medios probatorios que ya las autoridades tenían en su poder.
Y es que los acusados pusieron de su parte para que las autoridades puedan determinar responsabilidades, pues se contradijeron groseramente cuando se les puso uno delante del otro, en una confrontación que sacó chispas.
Ello porque el argumento del condenado ex Subprefecto Edgar Cobián era que ambos tuvieron conocimiento que haya llegado un camión con ayuda social a Chimbote, sin embargo, el ex aliado de este, el dirigente Francisco Flores Samana, sobre quien pesaban las sospechas por haber firmado los documentos, lo desmintió señalando que él había recogiendo la ayuda por indicaciones suyas, es decir, que Cobián si conocía de la asistencia social y había coordinado con Flores Samana su recepción pero fue desviada a lugares que jamás se conocieron.
Las contradicciones entre los dos investigados permitieron a la autoridad judicial establecer que el ex Subprefecto estaba mintiendo, sin embargo, saca del campo de la responsabilidad a Flores Samana por el hecho que haya entregado la ayuda al ex subprefecto, empero, no puede aceptarse que en adelante no haya tenido conocimiento del destino de la ayuda porque es evidente que por entonces los dos investigados caminaban juntos y debieron saber donde fueron a parar los bienes entregados por el gobierno central.
De allí que pensamos que el Ministerio Público insistirá en que se revise la sentencia en el extremo de la absolución que se ha dictado en favor de Francisco Flores Samana en la medida que en este caso se evidencia un concierto de voluntades para aprovecharse de la ayuda estatal, así como también debe revisarse la pena impuesta al ex subprefecto en la medida que los hechos que se le imputan son figuras delictivas que son calcificadas no solo por la naturaleza del cargo que ostentaba por entonces sino por el destino de la ayuda que ha sido descaradamente apropiada.
En efecto, el ex subprefecto tenía por entonces la condición de funcionario público, como tal arrastra una responsabilidad que tiene contornos bastante delicados y deben merecer una especial atención cuando se echa mano de los recursos públicos, en cualquier modalidad delictiva.
De la misma manera, los bienes que fueron materia de expropiación por parte del ex Subprefecto son caudales o efectos que estaban destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social, lo que quiere decir que se trata de una figura agravada y la misma ley penal establece que en estos casos la sanción se incrementa y no se reduce.
De todas formas, esperemos pacientemente que el magistrado disponga de la lectura íntegra de la sentencia y la notifique al Ministerio Público y la Procuraduría para conocer los argumentos que respaldan su decisión final, por el momento solo se conocen los lineamientos pero en el fondo saludamos la condena porque de esta manera se castiga las acciones alevosas de ex funcionarios que no llegaron al cargo para servir a la población sino que llegaron solo con el objetivo de beneficiarse.
En un caso en el que existen pruebas que confirman la responsabilidad de los investigados, lo que se impone es la mano dura y contundente de la autoridad, no se puede vacilar cuando nos hallamos ante personajes que han traicionado la confianza del estado, que han sido ungidos con cargos relevantes para representar la mano amiga y benefactora del Estado, empero, lejos de cumplir ese rol lo que hacen es beneficiarse de manera personal con la ayuda social. Esperemos que ese firme espíritu sancionador se mantenga y no le otorgue ventaja alguna a los corrompidos que pretendían pasar piola frente a estos graves hechos.