Editorial

EDITORIAL: ::: OPORTUNO ACUERDO :::

El alcalde provincial Roberto Briceño y sus principales funcionarios, así como el secretario general del sindicato de trabajadores municipales, Guillermo Sánchez Córdova, y sus principales directivos, han suscrito el último fin de semana una acta mediante al cual llegan a sendos acuerdos que superan conflictos que llevaron a los servidores a tomar la decisión de iniciar una huelga indefinida desde el día de ayer lunes.

Precisamente, este concierto de voluntades tenían como colofón dejar sin efecto la medida de fuerza y establecían algunos compromisos para que revisen algunos aspectos de la administración edil en la que los trabajadores esperan se adopten correctivos por los perjuicios que se advierten para la Municipalidad.

El acta final se suscribió en el marco de la reunión extraproceso convocada por la Dirección de prevención y solución de conflictos de la Dirección Regional de Trabajo, entidad que se vio precisada a intervenir en la medida que los conflictos se solucionan dialogando y llegando a acuerdos satisfactorios para dos partes.

Fue el Director Regional de Trabajo, Iván Hernández, quien participó personalmente en esta discusión y quien sentó las bases de la necesidad de resolver los problemas de manera pacífica, sin legar a apelar a la fuerza aun cuando se entiende que la huelga es un derecho reconocido por la ley y la Constitución, pero que está sujeta a cumplimiento de ciertos requisitos.

Justamente, he allí el quid del asunto, una medida de fuerza debe ser previamente comunicada a la autoridad de trabajo y es ella quien le otorga legalidad y autoriza su realización en la medida que observa en la solicitud no solo el cumplimiento de los requisitos, como el acuerdo de asamblea y otros, sino el sustento que tienen las demandas de los trabajadores que pueden no estar satisfechas por el empleador.

Y es en este momento donde se observa el manejo de los funcionarios porque cuando las motivaciones del marco laboral y normativo no son suficientes, se hace imperativo sentar a las dos partes en una misma mesa en la medida que el escenario que se ha descrito tiene flancos susceptibles de resolverse por la vía de la negociación.

Por ello es que se instala esta mesa de dialogo, como una instancia en la que las dos partes exponen sus puntos de vista y existe un moderador que sugiere y exhorta a la solución de los conflictos, a la cesión de posiciones, a la ilustración de derechos y al cumplimiento de la normatividad vigente.

En ese marco las partes tienen que ser conscientes no solo de las posibilidades de obtener o arrancar algún beneficio, sino la necesidad de zanjar acuerdos salomónicos o poco ventajosos porque, como se dice en el argot jurídico, más vale un mal acuerdo que un juicio largo y oneroso, en este caso, sería una huelga extensa y perjudicial.

Por ello es que la autoridad de trabajo insistió en estas reuniones que se prolongaron varias horas y en dos días consecutivos, lo importante es que después de tantas tratativas, finalmente salió humo blanco de la sede laboral de la primera cuadra del jirón Francisco Bolognesi.

La noche del viernes el Municipio dio a conocer que se había zanjado un acuerdo satisfactorio para ambas partes y de esta manera se pudo conocer que esta solución `pasaba por el reconocimiento de pago por parte de la comuna del bono de escolaridad que reclamaban los trabajadores en atención a un pliego de reclamos.

Es ese bono que en la mayoría de entidades públicas se tramitó a través de negociaciones colectivas y adquirieron caracteres legales de obligatorio cumplimiento y que representaban sendos forados a las arcas presupuestales, al margen que establecen escandalosas diferencias en el pago de muchas otras reparticiones.

Los municipios sancionaron pactos colectivos leoninos y establecieron una serie de beneficios que no lo tiene la mayor parte de trabajadores públicos y privados, pero que están allí y se ejecutan aun cuando ello represente un esfuerzo que deja en rojo las cuentas de la institución.

En la medida que la ley de presupuesto de cada año establece estipulaciones que restringen el pago de ciertos beneficios, la administración edil pretendió imponerlas para ordenar el pliego presupuestario del presente año y fue allí en donde chocó con los intereses de los trabajadores y estos decidieron ir a la huelga si es que no les cancelaban la escolaridad en los montos que habitualmente perciben.

El reconocimiento de la autoridad edil al pacto colectivo ha aliviado los reclamos de los servidores ediles y por ello decidieron dejar en suspenso la medida de fuerza, establecer otros acuerdos con los funcionarios a efectos de resolver temas que ellos consideran necesario en la marcha municipal.

Es pertinente señalar que en este acuerdo sancionado en la DIRETRA no existen ganadores ni perdedores, existe la buena voluntad de resolver las cosas dentro del marco de la ley pero, sobretodo, pensando en los perjuicios e inconveniencias que habría generado la huelga indefinida, la paralización de los servicios, etc.

Seguramente que para poder acceder a este acuerdo el alcalde y sus funcionarios han revisado y evaluado la manera de disponer de recursos para cancelar esa voluminosa planilla, al fin y al cabo, lo viene haciendo todos los años y si es que representa una elevada carga solo puede revisarla a través de un procedimiento similar ante la autoridad de trabajo.

Lo que hay que destacar en la secuela de estas reuniones extra proceso, es que la mayoría de políticos, regidores, autoridades reclamaban de la administración edil y del gremio sindical que se sienten en una misma mesa a dialogar y que resuelvan este tema por esta vía antes que llegar a extremos que resultarían sumamente perjudiciales para la ciudad, como ya se ha verificado en otras oportunidades.

Hay un oportuno acuerdo que se sancionó por esa vía del diálogo, esperemos que en adelante se tenga en cuenta que esta alternativa siegue siendo la más viable y satisfactoria para resolver los conflictos. De eso ya no cabe la menor duda.