Cuando el presidente de la república, Martin Vizcarra Cornejo, dio a conocer la necesidad de ampliar una vez más el régimen de emergencia nacional, como única alternativa de frenar el avance desmedido de contagios dej COVID 19, era consciente que ya no podía seguir en el mismo predicamento de exhortación a la población para hacer un esfuerzo más para respaldar la estrategia sanitaria diseñada si es que el gobierno no acompañaba ese argumento con nuevas medidas.
Y es que en un país del tercer mundo como el Perú, difícilmente se pueden paralizar las actividades por más de un mes sin que se exponga a las empresas a un colapso que las lleve a cierre definitivo de sus actividades y al despido masivo de los trabajadores.
Incluso, en la víspera la CONFIEP había deslizado la posibilidad que el gobierno autorice a las empresas a disponer un cese colectivo en caso se mantengan o se extienda el régimen de emergencia nacional, lo que quería decir que si las grandes y poderosas empresas estaban demandando una alternativa legal, las micro, pequeñas y medianas empresas estaban a un plan mucho peor.
Por ello es que al iniciarse esta semana se dieron a conocer las medidas laborales que ponían especial énfasis en las micro empresas, de aquellos trabajadores cuyas remuneraciones no superan los 2,400 soles y decidió el gobierno liberar depósitos de CTS y de las AFPS, según los casos, o subsidiar las planillas de las microempresas a través del régimen de la suspensión perfecta de labores.
Muchos aplaudieron al jefe de estado, destacaron la responsabilidad del gobierno para no abandonar a sectores tradicionalmente olvidados y en los que se apoya gran parte de la economía nacional, es decir en las pequeñas empresas que ya no tienen más oxígeno para seguir respirando ante la parálisis generada por la emergencia nacional.
Los abogados laboralistas y los especialistas coincidieron en que hacía bien el gobierno al sancionar dispositivos que lancen aquellos salvavidas económicos que requerirán las empresas cuando concluya la emergencia y deban poner nuevamente en marcha su maquinaria productiva, pues estas medidas corrían en paralelo con el decreto de urgencia que sancionó el programa Reactiva Perú que llevará el “combustible” que requieren los “autos” de las micro y pequeñas empresas para poder volver a transitar.
Sin embargo, cuando los agentes económicos avizoraban lo que podría pasar en unos días mas, cuando se restablezcan sus actividades, de pronto vieron que aquella luz al final del túnel comienza a apagarse y la nebulosa los invade nuevamente cuando escuchan a la Ministra de Trabajo y toman conocimiento, en el reglamento del decreto de urgencia, que han cambiado muchas reglas de juego, o, por lo menos que se han incorporado nuevas directivas que recortan el derecho de muchas empresas y ponen nuevamente al borde del precipicio a miles de trabajadores que difícilmente podrán mantener sus puestos de trabajo.
Ello porque la Ministra Silvia Cáceres ha declarado que sería un “sinsentido” que una empresa solicite la suspensión perfecta si está acogiéndose al conjunto de incentivos tributarios, beneficios, subsidio de la planilla y líneas de crédito de Reactiva Perú, precisando que en esos casos sería absurdo que una empresa ingrese una solicitud al Ministerio de Trabajo señalando que tiene una grave afectación económica.
Llama la atención que la ministra recorte los beneficios que había anunciado el gobierno, no se pone en el escenario que una microempresa se encuentre en condiciones de reactivarse con la mitad de su personal y licenciar a la otra mitad, tampoco se pone en el escenario en el que una empresa que se acoge a la suspensión perfecta de labores requiere capital de trabajo cuando tiene que volver a operar, entonces lo que hace es condenarla a la liquidación.
A criterio de la ministra si los trabajadores se acogen a la suspensión laboral la empresa no puede acceder a ningún otro beneficio, cuando una cosa es la empresa y otra cosa son los trabajadores, esos últimos se quedaran sin trabajo si es que la entidad a la cual pertenecen se queda sin poder operar.
La misma ministra señaló que otra condición para que las empresas puedan acudir a la suspensión perfecta es que no se pueda realizar la modalidad de trabajo remoto para sus actividades.
Es evidente que esta ministra no ha tuvo la desdicha de vivir con un sueldo mínimo, pues de esa manera sabría que en tiempos normales, sin emergencia, la masa laboral ha apelado al “recurseo”, a chambitas al margen de su propia actividad laboral, refuerza sus ingresos con otras actividades, sin embargo, ahora pretende que en tiempos de emergencia, cuando su empresa lo ha suspendido laboralmente no pueda realizar ninguna labor remota.
Seguramente la ministra piensa que se puede vivir un mes con los 760 soles que ha establecido su cartera como subsidio para los trabajadores que se queden al margen de su planilla en las microempresas, es evidente que como ella percibe 34 mil soles desconoce las angustias y estrecheces de la masa laboral del país, tanto así que le impide que en tiempos de emergencia puedan desarrollar alguna actividad remota.
Esto es realmente absurdo y nos deja la misma sensación del “engañamuchacho”, aquel anuncio desplegado para el aplauso de la figura presidencial y el garrote de una ministra que borra con el codo todo lo que se había escrito con la mano.
Si el gobierno quiere realmente ayudar a las empresas más golpeadas por esta paralización provocada por la emergencia nacional que lo haga, pero que no le mientan al país ni pretendan recortarle el derecho a los trabajadores de llevar un pan más a su mesa por cualquier medio legal. Hacerlo es echar mano del doble discurso, aquel que solo se maneja en escenarios de tipos políticos en donde alguien no pretende ayudar sino solo llevar agua para su molino.