Editorial

Editorial: ::: UNA DENUNCIA MAS :::

En el marco de una sesión virtual del consejo regional, el órgano legislativo de la Región Ancash, la semana pasada se sancionó un acuerdo mediante el cual se autorizó al procurador regional la formalización de una denuncia penal contra el Director Regional de Educación y los funcionarios que resulten responsables del cobro ilegal de los llamados bonos de productividad en beneficio de un segmento del personal de ese sector.

La ponencia es la resultante de un prolijo debate relacionado al informe que presentó el director regional de educación a exigencia del pleno regional que no solo advirtió la ilegalidad que la puede notar cualquiera “a ojo de buen cubero”, sino que los consejeros se apoyaban en un informe de la contraloría general de la república.

Los medios de comunicación, que pudimos acceder a algunos aspectos de esta sesión de consejo regional, advertimos que los funcionarios se defendieron “a capa y espada” de los cuestionamientos de los consejeros, empero, eran conscientes que estaba en camino una nueva denuncia penal contra ellos.

Y es que los fundamentos de la denuncia en ciernes estaban relacionados a todo lo que los medios de comunicación estuvimos informando en las últimas semanas, es decir, la vigencia de un escandaloso cobro de “bonos” por concepto de productividad sin base legal y, fundamentalmente, cuando a fines del año pasado la contraloría advirtió que se trataba de un pago irregular y notificó a las autoridades educativas que se deje de hacer efectivo esa bonificación.

Sin embargo, los funcionarios hicieron “avioncitos de papel” con el informe del organismo de control y siguieron realizado estos pagos ilegales, tal parece que a esta casta de funcionaros venales no les entran balas, hacen lo que se les viene en gana y se pasan por encima de las acciones de control y las recomendaciones para que se adopten correctivos.

Pero lo más grave es que este pago que se supone debería estar “suspendido” por sugerencia de la Contraloría, se continuó cancelando este año y los funcionarios de la UGEL Santa y de otras unidades educativas de la Región lo hicieron efectivo en los meses de marzo y abril, cuando se sabe que en ese tiempo todos estuvieron en confinamiento, existía una orden de aislamiento social obligatorio del gobierno y. por ende, esos empleados no realizaron actividad laboral alguna.

De allí que la pregunta que deberían hacerse los Fiscales de nuestra jurisdicción es ¿se puede pagar un concepto de “productividad” a un trabajador que no ha prestado servicio alguno y que ha permanecido inactivo por “obvias razones”? ¿Se puede calificar como productivos a trabajadores que han permanecido en sus casas? ¿Cuál es el rendimiento que se premia en estos casos?

Sin embargo a pesar de ello estos mismos funcionarios están autorizando los pagos de este bono de productividad en los meses de Mayo, Junio y Julio, lo que pone en evidencia la audacia y astucia de la que hacen alarde para seguir infringiendo la ley.

Cuando le preguntaron al director regional de Educación como es que había permitido estos pagos a sabiendas que existe un informe de Contraloría que lo prohíbe, respondió muy fresco y orondo que la constitución tiene primacía frete a cualquier ley o informe de control, y ella señala que las bonificaciones son un derecho del trabajador, por lo que interpretando la carta magna ese pago le favorece y beneficia al trabajador.

Bajo este criterio, las entidades públicas deberían pagar de todo a los trabajadores, es evidente que el funcionario se siente acorralado tras ser descubierto en ilegalidad y pretende justificar su accionar con una muletilla harto conocida como es el reconocimento constitucional de los derechos de los trabajadores, cuando ello nada tiene que ver con el caso de los pagos ilegales.

No cabe duda que la denuncia promovida por el consejo regional se caía de madura, lamentablemente, el Ministerio Público ya conoce de este caso, pues, se sabe que en nuestra ciudad ha sido presentada por la propia Directora de la UGEL Santa pero, tal parece, ha caído en saco roto porque hasta el momento no se conoce de una sola actuación respecto a esta imputación.

Nos imaginamos que tras el acuerdo los funcionarios del ejecutivo regional, llámese procurador regional, ya están planteando las acciones legales pertinentes, empero, esperamos que no se trate de una denuncia más que duerma el sueño de los injustos en los anaqueles de las Fiscalías. Basta ya de tanta indolencia fiscal.