Según constitucionalistas y expertos:
Es inconstitucional y no se puede ejecutar.
LIMA.- La medida aprobada por el Congreso para entregar hasta 1 UIT a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y una retribución extraordinaria de una remuneración mínima vital a los actuales pensionistas le costaría al Estado casi 18,000 millones de soles, señaló hoy el profesor de la Pacífico Business School Jorge Carrillo Acosta.
Explicó que esta medida resulta perjudicial porque no resuelve los problemas de fondo que tiene el sistema de pensiones e incluso los agudiza porque mina los esfuerzos que se hacen por lograr una reforma integral, que aborde las distintas aristas del problema.
Carrillo Acosta también sostuvo que lo aprobado por el Parlamento compromete la disponibilidad de recursos necesarios para auxiliar a la población más afectada por la pandemia, ya que no contempla mecanismos para seleccionar a los beneficiarios, de acuerdo con su nivel de vulnerabilidad.
“A diferencia de lo declarado por la congresista Omonte, nosotros sí creemos que cualquier iniciativa aislada puede ir en contra de una solución más integral porque, por ejemplo, con la aprobación de esta disposición, no habrá caja suficiente para plantear una pensión proporcional que solucione las inequidades que existen entre los aportantes de la ONP”, dijo.
Mientras que, el constitucionalista Aníbal Quiroga aseguró que el proyecto de ley aprobado por el Congreso para la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es inconstitucional, “tanto por la forma como por el fondo”.
Indicó que no se puede repartir un fondo de pensiones que no existe y aclaró que “una ley no puede partir de una irrealidad”.
El abogado constitucionalista explicó que el Congreso de la República no puede plantear iniciativas que perforen el presupuesto público.
“Es un proyecto de ley inconstitucional tanto por la forma como por el fondo. Primero porque la Constitución señala que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. (…) En segundo lugar porque parte de una premisa errada porque no existe un fondo de la ONP, no es un fondo que esté ahí donde cada uno aporte y exista una suerte de cuenta corriente”, detalló Quiroga León a N Portada de Canal N.
“Se va a repartir un fondo (de pensiones) que no existe, es un fondo inexistente. Lo que se está aprobando en el fondo es que del presupuesto del Estado, se les dé a los trabajadores que lo soliciten, una determinada cantidad de dinero”, explicó el constitucionalista.
Agregó que no hace falta una acción de amparo para suspender los efectos de esta norma, pues es una ley incumplible por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “La ley es inejecutable”, concluyó Aníbal Quiroga.
EX MINISTRO SEGURA
“No es solo que la cantidad de dinero sea grande”, comentó el exministro de Economía Alonso Segura, “es que no hay posibilidad de reasignar partidas. No hay ese dinero en el presupuesto. Están pidiendo un imposible jurídico y fiscal”.
GERENTE DEL IPE
De convertirse en ley, el gasto en el que incurrirá el Ejecutivo ascendería a S/13.280 millones, sin contar los intereses. Dicho valor, según comentó el gerente general del IPE, Diego Macera, es seis veces lo que ejecutó el Estado el año pasado en inversión en salud.
“Es el doble de lo que se gasta al año en Qali Warma, Juntos, Pensión 65, Cuna Más y otros programas sociales: también es el equivalente a toda la brecha de infraestructura de corto plazo en telecomunicaciones”, explicó. Se trata de un presupuesto que el Estado tendría que asumir para beneficiar a 4 millones de personas de las cuales 1,3 millones ya recibieron algún bono del Gobierno.