AYUDA
Hasta ayer lunes se había cumplido ya más de 15 días de la desaparición del motorista Williams Manrique Bocanegra y hasta el momento sus familiares viven la angustia de no tener una información relacionada con su paradero. Como se sabe, hace dos semanas atrás el vigilante de la embarcación pesquera en la que laboraba el motorista chimbotano Williams Manrique reconoció haber acuchillado a este último y tras una agria discusión arrojó su cuerpo al mar, pues inicialmente había urdido una coartada para justificar su accionar delictivo señalando que unos desconocidos irrumpieron en la nave y se lo llevaron secuestrado. Esta treta fue inmediatamente desbaratada por la Policía de Investigación Criminal del Callao que, al advertir la incongruencia de su versión, lo hizo entrar en contradicciones hasta que terminó por confesar que lo había asesinado. Sin embargo, la incertidumbre crece en razón que si en realidad el asesino arrojó su cuerpo al mar ya había sido devuelto por la marea hace una semana. Quienes conocen de este tema saben que quien se ahoga o cae al mar y desparece solo se mantiene en las profundidades por 8 días, máximo dos días mas, pero con increíble exactitud termina por devolver el cuerpo en ese período y ello obedece a que los pulmones terminan por llenarse de agua y de esta manera salen a la superficie flotando y son arrastrados por la corriente. Si esto no ocurre en el caso del motorista Manrique cabe la posibilidad que el vigilante no haya dicho la verdad y que pudo haber buscado desaparecer el cuerpo en otro lugar. Entretanto, la desesperación y la angustia de la familia crecen, más aun cuando una búsqueda de esta forma requiere de recursos económicos y ellos vienen realizando actividades con la finalidad de recaudar fondos. Creemos que ya es momento que las autoridades hagan algo por ellos, el alcalde, la subprefectura o la misma defensoría pueden establecer contactos con sus sedes en Lima o Callao para que puedan ejercer presión y se apuntale las acciones de búsqueda, no es justo que una familia padezca de esta forma la bajeza y el accionar delincuencial de un vigilante que los ha sumido en un drama hasta el momento.
POR COVID
Las solicitudes de libertades de toda clase de reclusos, de aquellos que están sentenciados a muchos años de cárcel y de los otros que están aun con procesos en ciernes, se incrementan en la medida que pretenden cogerse de la pandemia del Covid 19 como pretexto para dejar sus frías celdas. Uno de los que se quiere sumar a este coro es nada menos que el “desratizador” Oscar Salgado Olivo, que ha sido condenado a 12 años de carcelería por el escandaloso fraude que perpetraran desde la sub región pacífico, cuando se desempeñó como funcionario en la gestión del ex presidente regional César Álvarez Aguilar. El susodicho ha pedido a las autoridades varíen su condición de reo condenado por una libertad condicional en la medida que padece de cuadro de presión descontrolada y obesidad, o que lo convierte en vulnerable para el covid 19. Sin embargo, los beneficios penitenciarios establecidos por la emergencia sanitaria deben ser debidamente comprobados, no obedecen a la sola mención o la corpulencia del sentenciado, por ello es que en primera instancia le rechazaron el petitorio y éste ha sido apelado para que la Sala Penal resuelva en el curso de estos días. La verdad es que cuando se abre una ventana todos quieren salir por ella, empero, se requiere que los hechos se acrediten fehacientemente y un cuadro de vulnerabilidad no puede imitarse, debe ser debidamente acreditado por la ciencia médica. Los que tienen deudas con la sociedad que terminen de saldarlas como corresponde.
ABUSO
La Fiscalía Ambiental debe tomar nota de la pública denuncia de los pobladores del sector Florida Alta, quienes demandan su presencia debido a un nauseabundo desborde de aguas negras que se ha generado por la irresponsabilidad de una procesadora de conservas que utiliza la red doméstica para eliminar sus desechos industriales y por ello se generan estos atoros. Las imágenes muestran un canal de aguas servidas que perjudican a los vecinos de la intersección del jirón Huancavelica con San Martin, quienes ya no soportan vivir con los malos olores. El Ministerio Público debe atender estos casos porque la Constitución garantiza no solo vivir en paz y tranquilidad sino con buena salud.