Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
En el Perú, las huelgas en el sector público, por la frecuencia con que se dan, se diría que son derechos exclusivos de los sectores salud y educación; nadie como ellos es capaces de movilizar disciplinadamente, a sus miles de agremiados, buscando “negociar su plataforma de lucha”. También le siguen por su capacidad de convocatoria, otros gremios como los del Poder Judicial, Ministerio Público, Universidades, etc., que pugnan por ser los primeros en enfrentarse al Gobierno con huelgas madrugadoras, paralizando abusivamente la economía del país, dando a las huelgas el carácter de deporte nacional, con aptitud para competir y ganar cualquier olimpiada del ocio, porque aquí se premia a los huelguistas del sector público, pagándoles sin trabajar.
Para el efecto se esgrime como argumento válido, confundiendo al Magisterio, que la Ley General de Educación es “privatista”, porque dicen, que elimina el libre acceso a la educación gratuita, de miles de alumnos que proceden de los estratos socio económico más deprimidos, lo que es totalmente falso.
La salud y la educación son derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y es una obligación irrenunciable que tiene el Estado, de proveer estos servicios en óptimas condiciones de calidad y también en la cantidad requerida. Sin embargo, por razones de índole presupuestal, la satisfacción de estos bien preciados servicios, en vista de la imposibilidad del Estado de asumirlo solo, pasa por facilitar la participación del sector privado en estos temas, a fin de descongestionar los establecimientos públicos y brindar el libre acceso de los ciudadanos, que, por decisión propia, optan por utilizar estos servicios.
Si no fuera así, no es difícil de imaginar que miles de alumnos se quedarían rezagados y sin estudiar, a falta de colegios y universidades públicas que los acojan. ¿Esto es privatizar la educación?, claro que no. Las escaladas de huelgas dan la impresión que estuvieran concertadas y hasta calendarizadas, como para no interponerse entre ellos y restarles protagonismo a sus dirigentes, que con astucia utilizan a las bases o para escalar posiciones en la matriz sindical que los cobija, o para conseguir figuración con ambiciones políticas.
El derecho de asociación también se ha informalizado entre los trabajadores del sector público, especialmente en los de Educación, y esto se manifiesta con la aparición de sindicatos regionales, a modo de sub sindicados informales, auto convertidos en interlocutores válidos del Gobierno; esto se evidenció en la última huelga magisterial del año 2017, donde la parte patronal no sabía con quién dialogar, con el riesgo de que los acuerdos tomados no sean validados por la masa de adherentes.
Este no es un problema de coyuntura, sino que está flotando en el ambiente desde tiempo atrás, y que no se ha tenido la precaución para alertar de los problemas a futuro que podría traer tal dispersión sindical. ¿Qué se debe hacer?, algo muy simple: llenar los vacíos legales con normas que permitan articular a este conglomerado de gremios regionales, evitando que la matriz sindical se convierta en un “vientre de alquiler”, de la que nacen los dirigentes regionales, que luego donde cada quien presenta su propia “plataforma de lucha”; es decir la misma Torre de Babel.
Se tiene que entender que la política remunerativa del sector público, lo fija el Gobierno Central y no los Gobiernos Regionales; lo hace de manera uniforme para todos los trabajadores que dependen del mismo pliego presupuestal. Por ejemplo, los trabajadores del mismo grupo ocupacional no pueden ganar distinto en Lima, Piura o Arequipa. Los Gobiernos Regionales no tienen la autoridad ni la capacidad de decisión como para negociar incrementos salariales, restricción que se mantiene con el fin de impedir que cada Región maneje su propia política remunerativa y con ello se genere un caos de impredecibles consecuencias
REDUCCION DE LA EDAD DE JUBILACION A 55 AÑOS
En la última huelga magisterial del año 2017, consiguieron la reducción de la edad de jubilación de 65 a 55 años, cuyos beneficios en términos prácticos, no significa nada y no deja de ser sólo un parche para calmar la ira de los enardecidos profesores; pero es la ocasión para conocer los diferentes regímenes pensionarios de los profesores y ver en qué medida los beneficia esta reducción: Ley 20530, ONP y AFP.
1) En la Ley 20530, la jubilación es por tiempo de servicios y no por límite de edad: 25 años para las mujeres y 30 para los hombres y está a cargo del Estado. Cuando se eliminó esta Ley (12-2004), los trabajadores de este régimen tenían dos opciones: cesar o permanecer en actividad, pero con el aumento de las cotizaciones arriba del 20%. Actualmente hay miles de profesores de este régimen que ya debieron cesar y dejar las aulas en forma automática, sin excusa de ningún tipo. Para ellos la reducción de la edad de jubilación, no les significa ningún beneficio.
2) En la ONP, para jubilarse, el límite de edad es 65 años, igual para hombres y mujeres y con un mínimo de 20 años de aportación. Se ha reducido la edad a 55 años, pero no los años mínimos de aportación, cuando lo ideal era reducirlo también; pero de nada valdría porque la cuantía de la pensión está en proporción a los años aportados, a menor aportación menor pensión. Si ahora mismo alguien deseara jubilarse con 55 años de edad, primero tendrá que acreditar los 20 años de aportación, y si no los tiene, no le queda otra que seguir trabajando hasta lograrlo, y la pensión a percibir sería el equivalente a las 20/30 avas partes del promedio de los últimos 5 años de remuneraciones ganadas, con el tope de s/. 930- mensuales. A los de este régimen tampoco les beneficia la reducción de la edad.
3) A los maestros afiliados a las AFPs, en algo les puede beneficiar, todo dependerá del monto que se tenga acumulado en el fondo individual que les permita obtener una pensión aceptable y si no, de ser posible, terminarán retirando el 95.5% de dicho fondo, y, adiós a la jubilación, y a tocar las puertas de los programas sociales que brinda el Gobierno.