La fiscalía anticorrupción ha realizado la semana que pasó sendas intervenciones en entidades públicas de la localidad, con la finalidad de evaluar documentación, inmovilizar archivos y demandar copias de expedientes que tienen como objetivo corroborar hechos y recabar pruebas de presuntos delitos que han llegado a su conocimiento.
El caso más delicado de los que tiene en cartera es el relacionado a la UGEL Santa, entidad que administra el sector educativo de la Sub Región Pacífico, en la cual se han realizado actos fraudulentos que han disfrazado un pago de bonificaciones bajo la denominación de “plush” o “bonos de productividad”.
Estos pagos han beneficiado desde hace ya algunos años atrás, a 48 trabajadores estables que aplaudieron a rabiar los actos ilícitos perpetrados por funcionarios que dispusieron los recursos de esta entidad como se les dio la gana, amparados en una disposición emitida en la época más corrupta de la región y cuyos pagos se siguieron haciendo a pesar que el organismo de control había advertido de su ilicitud.
Justamente, la intervención de la Fiscalía se produce cuando la oficina regional de la Contraloría dio a conocer el contenido del informe evacuado por los auditores que revisaron los archivos contables y financieros de la UGEL y no solo comprobaron que, efectivamente, se estuvo realizando este cobro ilegal, sino que para poder perpetrarlo usaron la clave y el usuario de una ex funcionaria que ya había fallecido.
Este hecho es sumamente delicado y deberá tener una especial atención por parte del Ministerio Publico en la medida que es un fraude descarado perpetrado por un Tesorero que no tuvo escrúpulo alguno para pretender encubrir su accionar que usar documentos de una persona que había fallecido.
Lo que no puede dejar de calificar el Ministerio Público es la temeridad con la que se ha perpetrado este hecho, pues a sabiendas del accionar doloso que ello representaba, los responsables del manejo del dinero mantuvieron vigentes las claves y el usuario de una ex funcionaria y lo siguieron utilizando a sabiendas que ella había fallecido, lo que califica el desfalco con agravantes que requieren de un doble y hasta triple del castigo que señala la ley.
Además de esta intervención en los hospitales La Caleta y Regional, como consecuencia de denuncias realizadas hace algunas semanas atrás por el procurador anticorrupción respecto a presuntos manejos indebidos de los presupuestos destinados a la lucha contra el Covid y en mérito de cuestionamientos que, en su debido momento, fueron desestimados por aquellos que fueron sindicados.
Nos estamos refiriendo a la compra de equipos y de construcciones realizadas por el gobierno regional de Ancash como arte de plan regional de la lucha contra la pandemia en Ancash, el mismo que se ha ejecutado en mérito de las disposiciones legales dictadas por la emergencia nacional decretada y que, debido a unas denuncias públicas, dieron lugar a que el procurador realice cuestionamientos que llegaron al Ministerio Público.
Justamente, para ello el Fiscal llegó a los dos nosocomios a efectos de verificar si los equipos adquiridos por los funcionarios regionales responden a las especificaciones legales que se señalan en los documentos que han sido presentados por las dependencias regionales y si existe alguna irregularidad de por medio.
Hasta donde se ha podido conocer, el representante del Ministerio Público habría hallado algunas faltas administrativas, como el hecho de no utilizarse algunos de los equipos adquiridos por falta de capacitación, mas no detectaron faltantes o que los equipos respondan a especificaciones diferentes a las requeridas.
Lo cierto que el resultado de estas pesquisas se conocerán más adelante, cuando se hayan recopilado todas las pruebas que se han solicitado, por el momento hay que destacar la intervención del fiscal anticorrupción, presto y solícito para deslindar responsabilidades como efectivamente corresponde.
Aquella fue una necesaria pesquisa, una verificación de primera mano que permite conocer en el mismo lugar de los hechos los delitos que se pueden haber cometido, por lo pronto el desfalco en la UGEL santa es el caso más grave y será la Fiscalía la que individualice la responsabilidad penal que alcanza a todos los involucrados.