Hace solo unas semanas el Consejo Regional de Ancash cuestionó y acordó denunciar a los que resulten responsables del cobro del bono de productividad en el sector educativo, comenzando por la cabeza de este ente regional, como era el ex director Regional de Educación, José Mejía Solórzano.
Ello no sorprendía en razón que ya era tiempo que alguien “le ponga el cascabel al gato”, ya era momento que alguien detenga el virtual saqueo al que venía siendo sometido el presupuesto educativo regional por acción de malos funciónarios que hacían sus propias interpretaciones para cobrar beneficios e incentivos abiertamente ilegales.
Y no eran ilegales solo porque a alguien se le habría maginado etiquetarlo como tal, sino porque la propia contraloría regional de la república lo había decretado así, había establecido que el pago del mentado “bono de productividad” o del famoso “plush” como en alguna oportunidad se le calificó, era ilegal y no debería pagarse.
Sin embargo, en algunas dependencias educativas, comenzando por la Dirección Regional y algunas UGELE’s, les sonaba a gracia el pronunciamiento del ente de control y, a despecho de las denuncias penales que se habían formulado, siguieron realizando estos pagos de manera escandalosa, pues lo hicieron en los meses que ningún empleado acudió a trabajar por la pandemia.
Por ello ni bien se hizo cargo de la Dirección Regional de Educación la funcionaria nombrada por el gobierno regional, Erika Otárola Guillén, firmó una resolución mediante la cual se dejaba sin efecto el pago de cualquier bono o incentivo, específicamente el relacionado con el reconocimiento a la productividad en razón que era un concepto prohibido y judicializado,
Prohibido por que el órgano de control había emitido un informe de esta naturaleza y contra dicho pronunciamiento no debería haber “pero que valga” en la administración del Estado, y, judicializado porque ante el rechazo del ente de control algunos servidores habían acudido al organismo judicial demandando que se haga efectivo este pago por considerar que se trata de un derecho conquistado.
Consecuentemente, la funcionaria ha establecido que mientras no exista un pronunciamiento judicial definitivo respecto a este caso, se deja sin efecto cualquier pago de este tipo en razón que existe un principio constitucional que dice que ninguna autoridad puede avocarse a litigios pendientes en la administración de justicia.
Es realmente gratificante que un funcionario del gobierno regional haya tomado el “toro por las astas” y haya dictaminado la prohibición de este pago en la medida que nos hallábamos frente a un escenario realmente chocante, aquel en el que un grupúsculo de trabajadores que por el hecho de tener el cliché de “estables” creen que pueden hacer lo que la gana se les da y que los recursos del sector educativo deben estar a su merced.
Eso no es evidentemente así, las normas y los pronunciamientos de las entidades deben respetarse, apelar al uso de mecanismos fraudulentos, como el uso de claves y usuarios de funcionarios fallecidos es solo parte de este descarado desfalco que se ha venido gestando al interior del sector educativo a vista y paciencia de todos, con la mayor desfachatez y valiéndose del hecho que en el estado nadie defiende el patrimonio público porque finalmente resulta siendo de todos y de nadie.
Hay que destacar la decisión de la directora (e) regional de educación al poner alto al festín que se venía registrando en la UGEL Santa como en otras dependencias administrativas de las provincias de Ancash, inclusive, a despecho que la Contraloría haya observado su designación por formalismos exagerados, lo que se tiene que destacar es el hecho que alguien tenía que poner coto a tanta insolencia.
Lo que queda es demandar que la propia Contraloría y el Ministerio Público profundicen las investigaciones relacionadas con las denuncias que se han formulado en los últimos días, es importante que en este caso se deje sentado un precedente judicial que despeje finalmente todo atisbo de impunidad en el manejo de los recursos públicos, sean ellos municipales, regionales o estatales.