Lo peor que le puede suceder a un naufrago a punto de ahogarse en medio del mar es no poder utilizar el bote salvavidas que alguien puso al alcance de sus manos.
Y eso es exactamente lo que sucede con el Hospital Regional de Chimbote que no puede instalar la planta de oxígeno adquirida por el Gobierno Regional de Ancash porque si lo hace estaría incurriendo en un grave delito.
Durante la gestión del encarcelado y aún gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa, la planta fue adquirida como producto hecho en Alemana, pero se ha descubierto que en realidad la planta es de fabricación china.
¿Cómo es que esta planta pudo pasar como si nada todos los controles que supuestamente rigen en nuestra administración pública?. Eso es algo que seguramente los órganos de control y el Ministerio Público deberán esclarecer de manera fehaciente en los próximos días.
Por lo pronto, hay algo que sí está bastante claro. En caso que el Hospital Regional otorgue la conformidad para la instalación de la planta, estaría cometiendo no uno sino varios delitos concurrentes. Entre ellos: asociación ilícita para delinquir, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos, etc. tal como lo estiman especialistas en derecho penal.
Eso es igual o peor que comprar artículos robados, con el agravante de haber alargado, no se sabe hasta cuándo, el riesgo que corre la salud y la vida de miles de pacientes atacados por la pandemia. Por donde quiere que se le juzgue, eso es un crimen.
De no haber ocurrido esta barbaridad, la planta de oxígeno ya estaría funcionando desde noviembre del año pasado. ¡Cuánto dinero malgastado, cuánto tiempo perdido y cuántas vidas han podido salvarse¡.
Pero ante esta desgracia, vil y premeditadamente causada por quienes dirigen el gobierno regional, surge una pregunta inevitable: ¿dónde estuvieron los consejeros regionales que no advirtieron ni fiscalizaron la compra?
Como bien se sabe, la adquisición de la planta forma parte de un conjunto de obras civiles y servicios conexos que contrató la gestión de Morillo con dinero enviado por el gobierno central para combatir la pandemia. Este conjunto de obras, lo mismo que algunas adquisiciones, son ahora materia de investigación fiscal y han dado motivo a la reclusión en la cárcel de Huaraz. ¿Por qué se tuvo que esperar que vinieran fiscales de Lima para que recién se descubra y denuncie estas irregularidades?. Eso se llama omisión de funciones.
Y lo mismo se puede decir de los cinco congresistas de Ancash, que tampoco advirtieron este ilícito penal o simplemente prefirieron guardar silencio. Dos de ellos pertenecen a Somos Perú, el partido de Juan Carlos Morillo Ulloa, y tal vez eso lo explique todo. ¿A tanto puede llegar la indolencia de nuestros representantes y el compadrazgo que prima entre ellos?
Ahora se entiende porque, después de estallar el escándalo, se escucharon algunas voces que recomendaban la compra de la planta por parte de algún municipio o institución de servicio. Lo cual es ilegal.
Salvo casos de corrupción o concertación previa, sabemos perfectamente que en la gestión pública no se acepta la compra de gato por liebre. En toda gestión de compra, las partidas presupuestales tienen nombre propio y especificaciones suficientemente precisas. Si se compra papas, no se puede aceptar camotes. Eso sería malversación de fondos.
Si algún organismo público o una institución privada acepta adquirir la planta china en este momento, estaría convirtiéndose en un cómplice más. Esa planta tiene que ser devuelta y si regresa, así sea como donación, todo el trámite tiene que empezar de nuevo, desde cero.
Por lo demás, si aceptamos las cosas como están o nos hacemos de la vista gorda como mucha gente desea, la compra realizada por Morillo quedaría oleada y sacramentada, limpia de polvo y paja. Toda una ganga.
Por desgracia, como siempre sucede en estos casos, la desdicha de recibir gato por liebre la está pagando el pueblo ancashino a un precio muy alto: a costa de su vida y salud. ¿Hasta cuándo?. Solo Dios lo sabe.