La noche del domingo último, en el interior de una rústica chingana clandestina ubicada en la zona agrícola del distrito de Santa, de pronto la tranquilidad fue abruptamente interrumpida por el ruido de una infernal balacera que acabó con la vida de cuatro personas.
El hallazgo de treintaiocho casquillos de bala en la escena del crimen, pone de manifiesto hasta qué punto los autores de este asesinato han sido capaces de actuar con extrema violencia, sin reparar en mayores consecuencias.
Según la hipótesis que maneja la policía, todo conduce a suponer que se trataría de un clásico ajuste de cuentas, un crimen por encargo que se ha vuelto común entre miembros de bandas rivales que de esa manera arreglan sus desavenencias.
Mientras las medidas de confinamiento obligatorio adoptadas a raíz de la emergencia sanitaria fueron rígidas y de fiel cumplimiento, se pudo advertir una relativa disminución de incidencias de criminalidad, hecho que permitió a la población disfrutar de un breve remanso de tranquilidad.
Pero tan pronto como estas medidas se han flexibilizado, podemos ver que, mientras la tranquilidad ha dado un paso atrás, la criminalidad ha retomado con renovada agresividad. Los crímenes por encargo, los asaltos a mano armada, los robos a domicilio y todas las formas de delincuencia común y organizada, han vuelto a crear en la población nacional la zozobra e inseguridad de siempre.
Independientemente del reclamo que tengamos que hacerle a la policía y al servicio de serenazgo, que ya bastante trabajo tienen con el control de los protocolos sanitarios, todo indica que la lucha contra la delincuencia implica, en igual medida, una labor más estricta por parte de la fiscalía.
Desde el momento en que los autores de un acto de criminalidad son puestos a su disposición, los señores fiscales están plenamente facultados para proponer a los señores jueces las medidas restrictivas correspondientes, empezando por una orden de detención preliminar. Eso garantiza la realización de un trabajo de investigación a fondo, el mismo que a su vez permite deslindar toda responsabilidad por parte de los inculpados.
Ocurre que es en esta etapa procesal, los abogados de la defensa acuden a más de una argucia legal para descalificar y traerse abajo las pruebas del delito, con lo cual logran poner en inmediata libertad a sus patrocinados. En muchos casos, estas argucias de la defensa han llegado al extremo de poner en ridículo el trabajo previo realizado por la policía. De ahí que, una vez en la calle, los delincuentes vuelven a las mismas andanzas como si nada hubiera pasado.
Cabe recordar que solamente cuando se aplican las leyes con estricta severidad se logra imponer plena justicia. Así lo demostró, después de siete años de marchas y contramarchas, la sentencia de los implicados en el crimen del ex consejero Ezequiel Nolasco Campos; quedando aún por resolver dos casos igualmente emblemáticos. Uno de ellos es el de Hilda Saldarriaga “La Mama”, testigo clave del crimen de Nolasco Campos, quien fue acribillada de siete balazos un día antes de presentarse a declarar ante el juez de la causa. El otro caso es el de José Luis Sánchez Milla, presidente encargado del gobierno regional de Ancash, quien fue asesinado el 2014 en la Vía de Evitamiento de la ciudad de Trujillo.
Igual que el resto del país, Chimbote reclama su derecho a vivir en tranquilidad y seguridad. Pero eso depende en gran parte del trabajo que la ley ha puesto en manos de jueces y fiscales. En la medida que éstos apliquen penas realmente severas y oportunas, los delincuentes tendrán que pensarlo dos veces antes de cometer sus fechorías. Justicia que tarda, no es justicia.