A plena luz del día, en una de las intersecciones de la transitada avenida Universitaria de Nuevo Chimbote y exactamente frente a la segunda puerta de la Universidad Nacional del Santa, el último fin de semana un joven de 22 años de edad fue asesinado a sangre fría de tres balazos en la cabeza. Su cadáver y la motocicleta que conducía, quedaron tendidos en el escenario del crimen en lo que podría considerarse un llamado a la mano de la justicia.
Por la modalidad que ha empleado el autor del homicidio y asimismo por los antecedentes que se han podido conocer de la víctima, todo hace suponer que se trataría de un nuevo ajuste de cuentas entre la gente que se disputa a balazos el derecho de chalequeo (vigilancia) en las obras de construcción civil; una práctica delictiva que cada día se vuelve más avezada y que no repara en ningún tipo de consideración ni consecuencia.
No es Chimbote la única ciudad donde prolifera esta modalidad delincuencial, pero no por eso se puede negar que es uno de los lugares donde el ajuste de cuentas y el asesinato por encargo registra una mayor incidencia; lo que no es ninguna casualidad.
Remitiéndonos a los archivos periodísticos de la época, podemos verificar que estas acciones empiezan y alcanzan su pico más alto hace alrededor de diez años, coincidentemente con la instauración del régimen de corrupción que se apoderó del gobierno regional de Ancash y que al parecer sigue causando los mismos estragos.
El chalequeo de obras nace como una forma de recompensar con dineros del Estado la labor de la gente que participaba en las portátiles de apoyo al presidente regional. Gracias a una mediática fórmula que se impuso a las empresas contratistas, éstas tenían que aceptar sí o sí la contratación de “chalecos”. De esa manera se protegían del acoso de obreros desempleados que no habían podido alcanzar un cupo de trabajo, o simplemente lo hacían para satisfacer las ínfulas de omnipotencia del “número uno” de la región. Pero esto este favor se pagaba con otro favor.
Cada vez que al presidente regional se le antojaba realizar una movilización para exigir al gobierno central el envío de presupuestos adicionales o adelantos del canon minero, eran los “chalecos” los primeros en encabezar las marchas. No solo bloqueaban calles y carreteras sin que nadie se atreviera a impedirlo, sino también coreaban el nombre del número uno valiéndose del slogan “A Ancash se le respeta”.
Como parece que ocurre hasta el día de hoy, las obras que ejecuta el gobierno regional no son vistas como un beneficio a la comunidad sino más bien como un botín por el que bien vale la pena enfrentarse, así sea a costa de sangre y fuego.
Los mismos archivos periodísticos revelan que en varios de los procesos por corrupción que enfrenta la gestión de César Álvarez, aparecen los nombres de dirigentes de construcción civil seriamente comprometidos en casos de sicariato, lavado de activos y desbalance patrimonial.
Mientras esta práctica subsista, podemos decir que se ha perdido la cuenta de los ajustes de cuenta.