Sin embargo, las corrientes anti inversión demonizan a las empresas
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
En diversos artículos hemos explicado por qué Perú Libre gana en las zonas mineras, más allá de las evidentes y fundamentadas denuncias de fraude en mesa. A nuestro entender el Estado –a través de los gobiernos central, regionales y locales– ha fracasado en la distribución de la renta minera. En este contexto, las corrientes comunistas y colectivistas suelen argumentar que la falta de carreteras, escuelas y postas médicas, se explica por “la explotación de las empresas mineras”. Un mensaje que no es contrarrestado por los movimientos democráticos. En vez de forjarse una alianza entre comunidades y pueblos para exigir una mejor distribución de los impuestos que las compañías pagan, se desarrolla una lógica que busca demonizar a las mineras.
El fracaso del Estado en la distribución de la riqueza minera se percibe al primer golpe de vista. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2020 Áncash fue el departamento con mayores transferencias provenientes del canon minero: S/ 762.92 millones. Le siguen Tacna con S/ 341.03, Arequipa con S/ 248.72 millones, Cusco con S/ 221.75 millones, Cajamarca con S/ 189.69 millones y Moquegua con S/ 179.54 millones. No obstante, la capacidad de ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales apenas alcanza en promedio 60%. Y en regiones como Cajamarca, una de las más pobres del país, el rendimiento retrocede de 34.3% en 2018 a 30.2% en 2020.
Los enemigos de la minería prosiguen con su estrategia de demonización de la minería, señalando que el sector no paga impuestos y desconocen otros aportes como el impuesto especial a la minería (IEM), el gravamen especial a la minería (GEM), aportes por regulación y, entre otros. También ignoran los destinados al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica.
Según diversos estudios alrededor del 47% de las utilidades de las empresas mineras se destinan a pagar impuestos. Según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), la minería ha pagado más de S/ 85,000 millones en impuestos y otras cargas tributarias. Estas cargas impositivas convierten al Perú en uno de los países con mayor carga tributaria en el planeta; incluso por encima de Chile, Canadá y Australia.
El interior del país reclama con justicia obras y servicios públicos de calidad. No obstante, las corrientes comunistas y anti inversión, exculpan del fracaso en la distribución de la renta minera a los gobernadores regionales, alcaldes y autoridades del Ejecutivo. Si se duda del fracaso de los gobiernos subnacionales vale seguir analizando. En Arequipa, con el gobernador Elmer Cáceres, y en Cajamarca, con Mesías Guevara, la falta de ejecución presupuestal sigue igual. En Ica –el departamento agroexportador–, de 48.5% de ejecución durante la gestión de Fernando Cillóniz en 2018 se ha caído a 27.3% con Javier Gallegos en 2020. Tumbes apenas llega al 37.3% en 2020.
Si los resultados de la segunda vuelta electoral favorecen a las libertades, la democracia y el mercado, el Estado deberá concentrar esfuerzos para mejorar la calidad del gasto público. La percepción de abandono de la población debe ser erradicada. Y también se debe fortalecer la democracia, el equilibrio de poderes y el respeto a las instituciones y leyes.
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la renta minera 2020 asciende a S/ 5,907 millones. En el primer trimestre del 2021, debido al alza del precio de los minerales, el aporte suma S/ 3,151 millones. Con estos resultados, y con un gobierno que respete las inversiones y las libertades, la minería posibilitaría relanzar el país en poco tiempo.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)