Editorial

NO SON DUEÑOS DE NADA, PERO DISPONEN DE TODO

Conforme lo establecen su ley de creación y reglamento respectivo, las Comunidades de Indígenas que existen en varios lugares del país son instituciones de origen ancestral y sin fines de lucro. Sus tierras y demás propiedades tienen carácter intangible y no pueden ser objeto de ninguna transferencia o enajenación comercial. En esa condición, éstas pasan de una generación a otra, más no de una mano a otra, y se mantienen como patrimonio, no de alguien en particular, sino de todos sus miembros en común.

Asimismo, cualquier acuerdo que se  adopte con relación a este patrimonio, tiene que ser adoptado en forma soberana, expresa y comunitaria por todos los miembros de la institución y no solamente por uno o dos sus dirigentes. He ahí la razón del principio comunitario.

No entendemos por eso cómo es que algunas personas e instituciones de la provincia del Santa den por aceptada la existencia de  la llamada Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco, una institución fantasma que solo existe en mente y en el afán de lucro de quienes con toda la desfachatez del mundo afirman ser sus dirigentes.

Precisamente, cada vez que los medios de comunicación se ocupan de esta institución es porque sus “dirigentes” han protagonizado un nuevo escándalo de tráfico y negociado de tierras. Uno de éstos ocurrió hace unos meses con la venta que hicieron de una gran extensión de tierras de propiedad del proyecto Chinecas, supuestamente a favor de una empresa inmobiliaria.

En otra demostración de audacia que solo sucede en Chimbote, el último fin de semana los dirigentes de esta institución consiguieron que un destacamento de la Policía Nacional les brinde las garantías del caso para una operación de desalojo de otra gran extensión de tierras de la que afirman ser propietarios pero que, en realidad, también le pertenece al proyecto Chinecas.

Así se encargó de demostrarlo la procuradora del gobierno regional de Ancash, quien se apersonó en el acto con planos y documentos de dominio en mano, donde se demuestra que las tierras en cuestión se hallan dentro de los linderos de Chinecas. ¿Cómo pudo la policía prestarse a ese juego?. ¿Su rol no es acaso garantizar el estado de derecho y la legalidad?.

Ante tanta osadía, ya es hora que la fiscalía de prevención del delito, como su nombre lo indica, intervenga de oficio en este desaguisado y sin mayor pérdida de tiempo ponga las cosas en claro.

La comunidad de indígenas de Chimbote y Coishco fue creada el año 1814, a finales de la época colonial, pero  a raíz del tráfico de tierras en el que se vio envuelta luego del terremoto de 1970, fue disuelta por el gobierno central.

No es correcto entonces que una institución fantasma, que solo existe en la mente de un grupo de avivatos y que no es dueña de nada, continúe disponiendo de todo. Así no es.