La Contraloría General de la República reveló que el Instituto Nacional de Salud (INS) gastó la suma de S/ 105 791 416 en la compra de 5 millones 233 mil 346 unidades de pruebas rápidas covid-19 que no permitieron el diagnóstico oportuno del virus, ni la detección de casos en la fase inicial de la infección, además de haber cometido una serie de omisiones en el control y supervisión de la distribución de estos bienes.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 028-2021-2-0229-AC, cuyo periodo de evaluación va del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021, el INS no advirtió que los citados bienes no se utilizan para el diagnóstico propiamente del virus SARS-CoV-2, ya que solo detectan anticuerpos IgM e IgG.
Tampoco hubo un sustento técnico que respalde a la responsable del Laboratorio de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud Pública del INS para que solicite la adquisición de una mayor cantidad de pruebas rápidas COVID-19 en lugar de requerir pruebas moleculares que identifican la presencia del virus y que están indicadas para el diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad, tal como lo indican documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud (Minsa).
La situación expuesta ocasionó que se hayan destinado recursos públicos en la adquisición de estas pruebas rápidas, cuyo uso disminuyó la capacidad de respuesta frente a los contagios de la enfermedad, que coadyuve a establecer medidas de control para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio peruano, contribuyendo a la obtención de resultados negativos en enfermedad y muerte, cuando el Perú se ubica entre los países de más alta tasa de letalidad por coronavirus a nivel mundial.
Faltan pruebas
De la revisión efectuada a la distribución de las 5 millones 233 mil 346 unidades de pruebas rápidas IgM/IgG covid-19, se pudo comprobar un faltante de 71 mil 720 pruebas rápidas, valorizadas en S/ 1 420 218.60, cuyo destino no ha podido ser explicado.
Cabe señalar que la totalidad de pruebas rápidas debían ser recepcionadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) y tenían que ser distribuidas a diversas Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa), establecimientos de salud, EsSalud, entre otras entidades públicas.
El informe de auditoría establece que el responsable del Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del INS se encargó de dar conformidad de las pruebas rápidas recepcionadas, pero no realizó ninguna supervisión en la distribución y uso de los citados bienes.