Editorial

::: UNA LECCIÓN NUNCA APRENDIDA :::

Lo que deja la huelga municipal:

Mientras que más de los días la ciudad de Chimbote amanece y anochece convertida en un inmundo muladar, durante los cinco días que duró la huelga de los trabajadores municipales esta situación se hizo aún más crítica y estuvo a punto de desatar un verdadero colapso ambiental. Pero no solamente eso. Esta medida de fuerza, que también se ha convertido en una costumbre, ha puesto en evidencia por enésima vez la clamorosa falta de capacidad por parte de las autoridades municipales  para tomar las medidas preventivas  y evitar que, como siempre, sea la población la que termine padeciendo las consecuencias.

A nadie tiene porque extrañar que el fantasma de la huelga, los plantones y los paros de protesta conviva en la comuna provincial las 24 horas del día y los 360 días del año. Motivos fundados e incluso sinrazones los hay en todo momento. Una de las principales causas es el incumplimiento del pago de determinadas obligaciones económicas  que los trabajadores municipales han conseguido como resultado de un sinnúmero de huelgas y la firma de pactos colectivos.

Entre muchas otras, estas obligaciones se refieren por ejemplo al pago de bonificaciones por concepto de escolaridad y gratificaciones por fiestas patrias y navidad. Pues no obstante que, en su condición de servidores públicos, los trabajadores municipales deberían recibir la suma de 300 soles por cada uno de estos conceptos, lo cierto es que merced a un pacto colectivo éstos reciben el equivalente a una remuneración íntegra, es decir tres sueldos más al año. Y como si fuera poco, este beneficio alcanza por igual no solamente a los gerentes y funcionarios de confianza sino también al alcalde y los señores regidores, quienes por supuesto jamás realizaron una huelga ni paro de protesta para gozar de este jugoso beneficio.

Como es de suponer,  este pago no corresponde a una obligación legal y por lo tanto carece de sustento económico y financiero. Para hacerlo efectivo la municipalidad se ve en la necesidad de echar mano a sus ingresos propios y otras partidas presupuestales, dejando de cumplir con otras obligaciones de carácter estrictamente  laboral como es el pago de la CTS,  seguro social, pensiones, etc. Como se sabe, el derecho de recibir un sueldo íntegro por estos conceptos corresponde únicamente a los trabajadores  de la actividad privada, más no a los servidores del sector público.

Por lo demás,  la realización de la reciente huelga es algo que se sabía con más de dos meses de anticipación, no entendiéndose por eso porqué las autoridades y los funcionarios de la comuna  provincial han tenido que esperar que la ciudad se vea convertida en un inmundo basural para que recién lleguen a un acuerdo con los trabajadores.

Por otro lado, ha sido muy lamentable comprobar la ligereza con la que se trató inútilmente de restarle importancia a la situación. Mientras un día el alcalde se atrevió a salir a la prensa para afirmar que la municipalidad no le debía un sol a los trabajadores, al día siguiente el gerente municipal le enmendó la plana aclarando  públicamente que aún existe un problema pendiente en lo referente al pago de la CTS.

Por esa razón, ha hecho bien la Defensoría del Pueblo en tomar cartas en el asunto y convocar a ambas partes para hallar una solución definitiva, esperando que esa solución no represente la concesión de otros beneficios que a la larga puedan convertirse en bombas de tiempo para las nuevas gestiones municipales. Ojalá esta vez se aprenda la lección.