El execrable caso de violación del que ha sido víctima una niña de tres años de edad al interior de la institución educativa inicial N° 1546 del pueblo joven La Victoria, ha puesto de manifiesto una vez más una grave deficiencia de la que adolecen muchos locales educativos en los cuales no existen las mínimas medidas y procedimientos, no solo para prevenir sino también para detectar a tiempo estas atrocidades.
De no haber sido por la madre de la víctima, quien advirtió el hecho en el momento en que se hallaba acostando a la menor, es posible que el caso aún se haya mantenido en el anonimato; ello con el riesgo latente de que otras menores de edad también pudieran correr la misma suerte.
Es de esperar por eso que las autoridades, tanto policiales como del ministerio público y del poder judicial, descubran lo antes posible al autor o autores de semejante aberración y apliquen con toda severidad las sanciones que fija la ley. Ante un crimen que ha estremecido a Chimbote y el país, la sociedad necesita sentirse reivindicada y eso solo es posible haciendo justicia.
Pero con esa misma rigurosidad, las autoridades del sector educación también están en la obligación de salir al frente para cumplir el rol que les ha encomendado el Estado. Todo centro educativo necesita estar dotado de extremas medidas de control y seguridad, a tal punto que los alumnos no estén expuestos a ningún tipo de riesgo o contingencia de esta naturaleza.
Como es menester, dichas medidas deben empezar con el filtro, sobre todo sicológico y emocional, al que debe ser sometido todo el personal que labora en un centro educativo, ya sean profesores, auxiliares de educación, trabajadores administrativos, lo mismo que vigilantes y personal de limpieza. Todos, sin excepción, deben estar sujetos a un proceso de seguimiento y evaluación no solo circunstancial sino también permanente. No en vano, los centros educativos son el segundo hogar de nuestros niños y niñas.
En ese sentido, ha hecho bien el director de la UGEL SANTA al disponer la inmediata apertura de un proceso de investigación funcional a todo el personal que labora en ese centro de educación inicial. En buena hora si hay que aplicar sanciones administrativas y de otra índole para que, en lo posible, estos casos nunca más vuelvan a suceder.
Es innegable que esta violación ha causado un trauma que va a repercutir en el estado de ánimo de los demás niños que estudian en ese plantel; lo que hace necesaria la aplicación de una terapia colectiva en la que participen alumnos, profesores y padres de familia. Un hecho como éste, no debe repetirse jamás.