Editorial

::: UNA LEY A PEDIDO DEL CLIENTE :::

Contrarreforma universitaria:

Si no fuera porque somos testigos presenciales de todo lo que ha sucedido y continúa sucediendo en las universidades San Pedro y Uladech, con toda seguridad que aquí en Chimbote no tendríamos la menor idea de la gran diferencia que existe entre una universidad licenciada por SUNEDU y otra que no lo es.  Nos referimos a una diferencia insalvable opuesta.

Para empezar, las universidades que han logrado su licenciamiento han tenido que acreditar una sólida organización no solamente en el campo académico sino también legal, administrativo y financiero. Paralelamente han demostrado la tenencia de una infraestructura especialmente diseñada para el desarrollo de esta labor  bajo la modalidad de ciudad o complejo universitario, con aulas acondicionadas, laboratorios bien implementados, bibliotecas físicas y virtuales  y asimismo espacios para la formación cultural y práctica deportiva. Todo ello, a fin de garantizar a sus alumnos una educación de calidad basada en la excelencia académica, la investigación científica, la promoción cultural y la innovación tecnológica.

En cambio, no se puede decir lo mismo de las universidades que no lograron ser licenciadas, donde prácticamente todo ha sucedido al revés. En su afán estrictamente comercial, los promotores de estas universidades solo se preocuparon en abrir en forma indiscriminada numerosas filiales y anexos en locales improvisados e inadecuados. El único objetivo fue la captación de un mayor número alumnos más no el ofrecimiento de un mejor servicio educativo. Para colmo, aparte  de padecer de una bulimia incontenible por el lucro, la mayoría de estas universidades han terminado protagonizando  estruendosos casos de corrupción.

Como era de esperarse, la reforma universitaria emprendida  hace diez años por SUNEDU marcó para estos centros de estudio el principio del fin. Todo el libertinaje del que disfrutaron  en la época dorada de la Asamblea Nacional de Rectores, empezó a escaparse  de sus manos… y también de sus bolsillos. Ello no obstante, poco o nada han hecho para corregir sus errores a pesar de todas las oportunidades que les brindó SUNEDU. Lo único que hicieron fue formar un coro polifónico para desprestigiar la reforma universitaria y hacer todo lo posible para seguir funcionando cueste lo que cueste.

En ese empeño, los promotores de estas universidades acudieron a una serie de maniobras  y argucias legales, ninguna de las cuales por fortuna logró prosperar  ya que todas cayeron por su propio peso. Lo último que se les ocurrió, fue hacerse las víctimas hasta que alguien por ahí les aseguró que la tabla de salvación estaba en el congreso de la república, ahí donde hoy en día cualquier cosa se puede conseguir.

Hace unos días, sin más trámite que presionar la tecla de votación electrónica, más de 80 congresistas han aprobado a rajatabla una ley que en vez de fortalecer el proceso de reforma universitaria más bien busca  hacerlo retroceder. La norma propone modificar la conformación del consejo directivo de  la SUNEDU con la inocultable estrategia  de colocar ahí a personas que están a favor de estas universidades. Lo que se busca es el borrón y cuenta nueva. Por lo demás, no hace falta ser adivino para darse cuenta de quiénes son los que realmente están detrás de esta peregrina  y bien planificada intención.

Si esta ley llegase a promulgarse,  el gran perjudicado será el proceso de reforma universitaria y así lo acaban  de advertir en un pronunciamiento público los miembros del consejo directivo tanto de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú como  del Consorcio que agrupa a las universidades particulares.

Aún así, con la osadía que los caracteriza y gracias a los recursos económicos que han logrado acumular,  quienes  impulsan la contrarreforma universitaria  continúan operando no como promotores sino como mercaderes de la educación. La mejor prueba es haber conseguido sin mucho trámite la aprobación de una ley a pedido del cliente.