Cada vez que un nuevo presidente de la república asume el poder, sintomáticamente en todo el país se nombran nuevos prefectos regionales, subprefectos provinciales y últimamente subprefectos distritales. Se calcula entre seis y ocho mil el número de personas que acceden a estos cargos en todo el país.
No hace falta recordar que estos cargos son ocupados en forma exclusiva por militantes del partido de gobierno y no precisamente por ciudadanos o profesionales que acrediten por lo menos un mínimo de conocimiento y experiencia en gestión pública. Para ser nombrado prefecto o subprefecto basta con acreditar ser militante del partido de gobierno o en su defecto ser familiar o recomendado de algún congresista o de un alto dirigente nacional. Después de todo, es un favor político que no requiere de mayores exigencias pero que se paga muy bien con dineros del estado.
Hasta hace unos años, el nombramiento de estos funcionarios se hacía directamente desde el mismo despacho presidencial, razón por la cual estas autoridades se atribuían a sí mismas ser representantes del presidente de la república. Desde hace catorce años han pasado a ser nombrados por la Dirección General de Gobierno del Ministerio del Interior, pero su labor, por lo mismo que responde a una esencia política partidaria, sigue siendo la misma y no tiene mayor impacto o significación en el funcionamiento del aparato estatal.
En el fondo y en la forma, la labor que desarrollan las subprefecturas no es más que una duplicidad del trabajo que cumplen las municipalidades y otros organismos e instituciones del estado. La diferencia es que estas últimas disponen de las facultades normativas, logística y demás atribuciones que las primeras no poseen o están muy lejos de poseer.
Un caso concreto se da en el otorgamiento de garantías personales que ahora es facultad del Poder Judicial, con todo el respaldo que requiere ese procedimiento. Y lo mismo se puede decir de la inspección de hoteles, restaurantes y establecimientos afines que es competencia de las municipalidades con intervención del Ministerio Púbico y de la Policía Nacional. Lo que quiere decir que, funcionalmente, la labor de las subprefecturas no es imprescindible.
En medio de la crisis política en la que estamos viviendo, no ha pasado por desapercibida la presencia masiva en Palacio de Gobierno de prefectos y subprefectos que frecuentemente llegan desde diversos lugares del país para expresar su respaldo al presidente de la república. Un intercambio de favores, con gastos pagados por el estado, que en nada contribuye con la buena marcha del país.
Es en razón de esta innegable pero al mismo tiempo inaceptable realidad, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, ha presentado un proyecto de ley para eliminar estos cargos y en su reemplazo empoderar la labor de las autoridades elegidas por voto popular. Con ello se estaría ahorrando 67 millones de soles del presupuesto nacional que cada año se destina para el pago de prefectos y subprefectos, suma que en el mejor de los casos podría destinarse para fortalecer las acciones de orden interno y seguridad ciudadana.
Si lo que se quiere es modernizar el funcionamiento del aparato estatal, todo parece indicar que esta decisión podría empezar por acabar con la cantaleta del pago de favores políticos que actualmente representan las subprefecturas.