- Es la región de mayor número de autoridades electas con procesos
A lo largo de los años la región Áncash esta pasando por su mejor momento, pese a ser una de las regiones más ricas y hermosas del país por sus ingresos por canon minero y tener diversos sitios turísticos, también es conocida por tener el mayor número de autoridades que han terminado tras las rejas por delitos de corrupción. Un informe emitido por la Procuraduría General del Estado brindó detalles de los casos de corrupción que se han registrado en los gobiernos locales y regionales, siendo Áncash una de las regiones del país con mayor índice de autoridades y exautoridades procesadas o condenadas.
Según este reporte hasta junio del 2022 en el ámbito nacional se tiene registrada a 3 976 autoridades electas involucradas en proceso de corrupción, siendo la región Áncash la de mayor incidencia, teniendo 369 autoridades procesadas. Este informe revela que actualmente en la región hay 574 casos de corrupción y el delito recurrente por el cual están procesados o condenados es por peculado, es decir apropiarse ilegalmente o utilizar recursos del Estado para beneficio propio o de terceros, en este se registran 291 casos. El segundo delito cometido es de malversación, con 47 casos, este delito se consuma cuando la autoridad da al dinero o bienes que administra un uso diferente al que estaba destinado destinados. De los 574 casos registrados por corrupción en la región, 422 están relacionados con autoridades distritales, mientras que 149 de la provincia y 34 casos por corrupción de gobernadores y exgobernadores regionales.
Algunos casos
Actualmente uno de los principales casos emblemáticos y que ha puesto en vilo a la región Áncash, es el encarcelamiento del gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, quien actualmente se encuentra internado en el penal de Huaraz por un mandato de prisión preventiva. Morillo Ulloa forma parte de una larga lista de gobernadores que esta tras las rejas, sus predecesores Waldo Ríos Salcedo, Enrique Vargas Barrenechea, Cesar Álvarez Aguilar, Román Reyna, forman parte de las autoridades que fueron encarceladas por delitos de corrupción.
Sobre el suspendido gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa se dictaron tres mandatos de prisión preventiva, siendo el primero de los casos por el proceso de “Remodelación del ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecógrafo; además de otros activos en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón, distrito de Nuevo Chimbote,” por un valor de más de diez millones. Según la Fiscalía este proceso de adquisición se habría impulsado sin el debido procedimiento técnico. Además de existir irregularidades pues la ejecución del proyecto de inversión se inició el 08 de abril del 2020, fecha en la que se propagaba la pandemia y ya existían 48 infectados con Covid-19, de los cuales 41 eran de la jurisdicción del hospital Eleazar Guzmán Barrón. Este caso además de la autoridad regional tiene otros 15 procesados, contándose ya con cuadernillos de colaboradores eficaces.
El segundo caso emblemático por el cual está purgando un segundo mandato de prisión preventiva es por el proceso de “Remodelación de ambiente complementario adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y desfibrilador, además de otros activos en el EESS Víctor Ramos Guardia- distrito y provincia de Huaraz, departamento de Ancash”. La Procuraduría interpuso la denuncia contra Juan Carlos Morillo Ulloa y otros, por el delito de colusión agravada. La Fiscalía sostiene que hubo un favorecimiento de parte de los funcionarios del Gobierno Regional de Ancash en la contratación de la Empresa Inversiones Pacchioni e Ingenieros Contratistas S.R.L, representada por Gina Carol Chávez Pacchioni, para ejecutar el proyecto IOARR antes mencionado, por el monto de más de un millón de soles.
Las perlas de César Álvarez
Cesar Álvarez Aguilar, es el nombre de uno de los gobernadores regionales más conocidos en el país y la región y no por las obras que ejecutó sino por ser una de las primeras autoridades regionales detenidas en el ejecución de sus funciones. Pese a tener un condena de 25 años por el crimen del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco Campos, aun es procesado por el denominado caso “La Centralita” que se encuentra en etapa de juzgamiento. En este proceso se investiga delitos contra la administración publica en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, peculado, encubrimiento real, contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, colusión. A la exautoridad regional se le imputa haber integrado y liderado una organización criminal que ejecutó actividades delictivas en Ancash y Lima, desde enero de 2007 a mayo de 2014. La Fiscalía señala que la organización tenía como integrantes a funcionarios y personas ajenas a la gestión con la finalidad de beneficiar económicamente a sus integrantes agenciándose de fondos públicos como de recursos de origen privado, defraudando de esta manera al Estado.
Se va con denuncias
La provincia del Santa tiene el mayor número poblacional de la región Áncash congrega a los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa, Coishco, Moro, Nepeña, Cáceres del Perú. El actual alcalde de la provincia es el arquitecto Roberto Briceño Franco, quien ingresó a la gestión municipal sin denuncias pero hoy tiene ocho carpetas fiscales abiertas, siete de ellas por delitos contra la administración pública, es decir por delitos de corrupción de funcionarios. Briceño Franco, estima que sus casos serán archivados, pero esa misma confianza tenía su antecesora, la exalcaldesa de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García, sobre quien pesa una orden de captura por tener una condena de cuatro años por el delito de colusión y hoy está escondida debido a que por información que ayude a dar con su paradero el Ministerio del Interior ofrece S/20.000.
Roberto Briceño tiene tres procesos por delito de peculado, dos por malversación de fondos, uno por colusión agravada y uno el cual aún no se define la modalidad del delito contra la administración. Tres de estos casos ya se encuentran en etapa de investigación formalizada, es decir que para el fiscal hay elementos para continuar investigándolo.
Informe publicado en el marco del Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP-IDEA Internacional- Fundación Gustavo Mohme Llona)