La publicación en el diario oficial de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que proclama a la fórmula presidencial ganadora para el período 2026-2031 marca el cierre formal de uno de los procesos electorales más importantes para el país. Tras la proclamación oficial realizada el viernes y la culminación de todas las etapas establecidas por la legislación electoral, el Perú ingresa ahora a una nueva fase: la transferencia del gobierno y la preparación de una nueva gestión nacional.
Las elecciones generales de 2026 han dejado varias lecciones. En primer lugar, han demostrado una vez más la fortaleza de las instituciones electorales, que lograron conducir un proceso complejo, con una elevada participación ciudadana y con resultados que reflejan la voluntad expresada en las urnas. La diferencia entre ambas fórmulas presidenciales fue estrecha, lo que confirma la existencia de un país políticamente diverso y con visiones distintas sobre el rumbo que debe seguir la nación.
La proclamación de la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi no debe ser vista únicamente como la victoria de una organización política, sino como el inicio de una responsabilidad histórica. Gobernar un país con profundas brechas sociales, económicas y territoriales exigirá capacidad de diálogo, concertación y apertura hacia todos los sectores de la sociedad.
A partir de este momento, la atención debe centrarse en el proceso de transferencia. El gobierno saliente tiene la obligación de entregar información completa, transparente y ordenada sobre la situación de los ministerios, programas y proyectos en ejecución. Por su parte, las nuevas autoridades deberán asumir con responsabilidad el conocimiento de la administración pública para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y evitar retrasos en las decisiones que afectan a millones de peruanos.
La ciudadanía espera que este período de transición se desarrolle con madurez política. El país enfrenta desafíos urgentes relacionados con la reactivación económica, la generación de empleo, la inseguridad ciudadana, la educación, la salud y el cierre de brechas en infraestructura. Estas tareas no admiten confrontaciones estériles ni disputas que puedan afectar la gobernabilidad.
También es una oportunidad para fortalecer la confianza en la democracia. El respeto a los resultados electorales constituye un principio fundamental del sistema democrático. Las discrepancias y diferencias son legítimas, pero deben canalizarse dentro del marco institucional y con apego a la ley. Solo así se podrá consolidar la estabilidad que el país necesita para avanzar.
La proclamación oficial pone punto final al proceso electoral, pero abre una etapa mucho más exigente. Los ciudadanos ya cumplieron con su deber al elegir a sus autoridades. Ahora corresponde a quienes asumirán el gobierno demostrar que están a la altura de las expectativas nacionales. El Perú necesita acuerdos, liderazgo y capacidad de gestión. El verdadero examen comienza ahora, cuando las promesas de campaña deben transformarse en acciones concretas y resultados que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos.